República Dominicana está entre los doce países de América Latina que muestran tasas de fecundidad medias, de entre 1.8 y 2.5 nacimientos por mujer, siguiendo la tendencia mundial hacia la creación de familias más pequeñas, que se sitúa en 2.4, de acuerdo con el Estado de la Población Mundial 2018, titulado “El poder de decidir: Derechos reproductivos y transición demográfica”, publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), a nivel global.

Sin embargo, en el país persisten retos desde el punto de vista del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que deben ser abordados, especialmente con respecto a grupos concretos, como adolescentes y jóvenes, personas no unidas o casadas, personas de origen extranjero y personas de bajos ingresos y bajo nivel educativo, de las zonas rurales y urbanas.

“El nivel de ingresos, el nivel educativo y el lugar de residencia tienen un vínculo muy estrecho con la fecundidad. Por ejemplo, el reporte recoge que la tasa de fecundidad en las mujeres dominicanas de 15 a 49 años, sin estudios o con enseñanza primaria, es de 3.4 nacimientos por mujer”, destacó la representante nacional del UNFPA, Sonia Vásquez, al ofrecer palabras de bienvenida y un breve esbozo del documento durante la actividad de presentación en el país.

Vásquez resaltó que el informe es un llamado de atención sobre el papel esencial que desempeña la salud reproductiva en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Señaló que en el país alrededor del 47.7% de todos los embarazos no son esperados en el momento en que ocurren, incrementándose a 51.5% en adolescentes de 14 a 19 años.

Además, subrayó que, según el análisis, la esterilización femenina es el método anticonceptivo más utilizado por mujeres casadas o en unión libre, en edad de procrear. La República Dominicana es número uno, de 11 países de la región, en este tema.

“La necesidad insatisfecha de métodos modernos de planificación de la familia entre adolescentes de 15 a 19 años es de un 27%. El embarazo en adolescentes sigue siendo alto y el 26% de los eventos obstétricos, es decir, partos, cesáreas y abortos, son de adolescentes”, indicó.

La funcionaria dijo que en la población inmigrante, solo el 3l% de las mujeres en edad reproductiva usa algún método de planificación familiar. El 69% no usa métodos de planificación familiar.

“El riesgo de embarazo de una adolescente es cuatro veces mayor si pertenece al quintil más pobre y seis veces mayor si tiene menos nivel educativo. Además de pobreza y educación, la falta de acceso y derechos a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la gama de anticonceptivos, y los matrimonios precoces, se encuentran entre los principales determinantes del embarazo adolescente, provocando un desaprovechamiento de los bonos demográfico y de género”, explicó.

Finalmente, Vásquez expresó que el informe ofrece recomendaciones concretas acerca de las políticas y los programas que podrían ayudar a los países a aumentar las opciones reproductivas disponibles.

Con miras a que la libertad de decidir se convierta en una realidad, los gobiernos han de conceder prioridad a los elementos siguientes: priorizar el acceso a servicios de salud reproductiva de calidad, incluidos los anticonceptivos modernos; garantizar el acceso a una educación de calidad que ofrezca, entre otros aspectos, una educación sexual adecuada a la edad; llevar a cabo campañas encaminadas a transformar las actitudes de los hombres con vistas a que apoyen los derechos y las aspiraciones de las mujeres y las niñas; y ayudar a las parejas a tener más hijos, si así lo desean, al favorecer la conciliación de la vida laboral con la familiar a través de medidas como guarderías asequibles.

«El camino que debemos seguir es el ejercicio pleno de los derechos reproductivos de cada persona y de cada pareja, sin importar dónde o cómo viven ni cuánto ganan -afirma la Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA-. Por tanto, debemos eliminar todas las barreras, ya sean económicas, sociales o institucionales, que inhiben el derecho a decidir de manera libre y fundamentada».