OCDE y BID analizaron detenidamente las políticas y leyes de competencia e hicieron recomendaciones

República Dominicana debe fortalecer su Ley de Competencia para que la misma tenga herramientas eficaces de detección de cárteles, adopte un régimen de control antes que se realicen las fusiones entre empresas y garantice que las sanciones tengan un efecto disuasorio suficiente.

Estas son tres de las principales recomendaciones de un proceso de Peer Review realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ambas entidades analizaron detenidamente las políticas y leyes de competencia de Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), y evaluaron su coherencia con las mejores prácticas internacionales y su impacto en la promoción de la competencia efectiva en el mercado.

En la evaluación se destaca que el país no dispone de un amplio régimen de control de las fusiones en materia de competencia que se aplique a toda la economía (solo existen en telecomunicaciones, electricidad y finanzas). Tampoco se cubren los acuerdos verticales anticompetitivos entre empresas activas en diferentes niveles de la cadena de suministro.

Tampoco la Ley de Competencia aborda los abusos de explotación, como los precios excesivos que afectan a los consumidores.

Al presentar ayer los resultados del estudio, el presidente del Comité de Competencia de la OCDE, Frederic Jenny, dijo que también recomienda que ProCompetencia pueda desarrollar herramientas eficaces de detección de cárteles como métodos proactivos (por ejemplo, filtros económicos y vigilancia del sector) y denuncias anónimas.

Además, que se amplíe la duración del plazo de prescripción en línea con las prácticas internacionales y aumentar la limitación temporal para llevar a cabo investigaciones y/o permitir una mayor flexibilidad en cuanto a la ampliación o suspensión de los plazos de investigación.

Expuso que se deben introducir multas disuasorias por falta de respuesta, respuestas tardías y el uso de información incompleta o engañosa en relación con las solicitudes de información de Pro-Competencia.