Pobladores haitianos impedidos irracionalmente todavía de hacer comercio y de consumir productos procedentes de la República Dominicana hicieron saltar ayer los candados del bloqueo que por Dajabón imponen individuos armados, tolerados o apoyados por autoridades del vecino país, sin que puedan predecirse las consecuencias a mediano plazo de este acto de rebeldía contra una acentuación unilateral de hostilidades lesivas a las dos naciones que comparten la isla Hispaniola. Se trata de una reacción espontánea porque el cierre es ya improcedente y genera privaciones de ingresos a intermediarios haitianos que van hacia la quiebra y a habitantes de bajos recursos de entornos fronterizos. Para estos, alimentarse y cubrir otras necesidades perentorias siguen subordinados a los bienes que desde aquí les llegan con ventajas comparativas de precios y cercanía y que les resultarían costosos fuera de esta geografía.
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En la contraparte territorial está el perjuicio en grande que ha supuesto para productores y exportadores locales la falta de acceso a uno de sus destinos importantes. Sin restar firmeza a su posición contra el ilegal canal que particulares haitianos construyen desenfrenadamente a partir del río Masacre, el Gobierno ha quitado obstáculos al intercambio binacional. Tiene abierto un compás de espera hacia la conciliación de intereses atenuando los daños de la desconexión que ha estado en pie mientras sigue faltando buena voluntad al otro lado de la frontera. Aquí prima la sensatez.