La Seguridad Social, basada financieramente en afiliados y empleadores que son sus verdaderas columnas, ha estado bajo la fuerte presión de uno de sus componentes institucionales representado por el Colegio Médico Dominicano, demandante de conquistas salariales y de otra índole vistas en sentido general como justas aunque no necesariamente razonables desde la visión de la sociedad preocupada por el rumbo frustratorio del impasse.

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Tras atender parcialmente las demandas el argumento del Consejo que dirige el sistema debe ser tomado en cuenta por la opinión pública. Aunque pueda ceder un poco más no puede tomar decisiones que erosionen económicamente la funcionalidad. La captación y administración de recursos que sufragan las atenciones a pacientes y sus costos no parecen escapadas de transparencia. Se trata de un régimen con participación privada de rentabilidad válida que la colectividad prefiere para no volver a las manos político-estatales que llevaron el auxilio social a un sumidero tras decenios de rendir pésimos servicios.

Hoy, sin la plenitud de lo perfecto, se generan más claros beneficios para la comunidad y sus componentes que cuando regían las siglas IDSS a pesar del sacrificio que a enfermos causa la insólita libertad de cobrar copagos ilegales que arrasan los bolsillos de las clases medias, principalmente. Nada indica que tal distorsión sería superada con una justa racionalidad respaldada por los médicos. Las conveniencias de una parte no deben ir contra la sostenibilidad del todo.