No puede culparse a los abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez si tratan de utilizar el asesinato de un mayor del Ejército que le servía de chofer y escolta, abatido en un hecho que la Policía Nacional insiste en calificar como un asalto, en beneficio de su cliente, pues el impacto mediático de los procesos por corrupción ha terminado influyendo en sus estrategias, llevándolos a un terreno en el que el Ministerio Público se siente muy cómodo y en el que les lleva mucha ventaja.

Gustavo Biaggi Pumarol, coordinador de la defensa del exprocurador, declaró que resulta “extremadamente sospechoso” que la muerte del oficial se produjera solo días después de que lo visitara en la cárcel de Najayo.

Pero lo que realmente le preocupa, al igual que a la familia del exfuncionario, es su seguridad personal, por lo que dijo haber pedido a la Procuraduría General de la República que solicite una profunda investigación del hecho.

Es muy probable, sin embargo, que una cosa nada tenga que ver con la otra (ayer familiares del malogrado oficial negaron que su muerte esté vinculada con Jean Alain), y que la explicación sea mucho más sencilla, pero no por eso menos preocupante: la delincuencia y la criminalidad, en receso forzoso debido a las restricciones que nos impuso la pandemia, parecen haber vuelto por sus fueros luego de la apertura de la economía y el regreso a la normalidad.

El Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, dijo ayer que las autoridades trabajan arduamente para enfrentar los hechos delictivos, pero deja pendientes las acciones que demuestren que verdaderamente están preparadas para enfrentar el rebrote de una epidemia tan letal como el covid-19 y a la que, por desgracia, todavía no le hemos encontrado vacuna efectiva.