El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco, recesó hoy luego de un poco más de una hora de iniciada la audiencia preliminar para conocer las acusaciones del Ministerio Público (MP) a siete encartados en el caso de los sobornos de Odebrecht.
Los imputados que son: Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista; el senador Tommy Galán; Roberto Rodríguez, Conrado Pittaluga Arzeno y Jesús (Chu) Vásquez .
Durante la audiencia de ayer no faltaron los “dimes y diretes» desde temprano cuando los abogados del senador Galán, solicitaron al juez ordenar al Ministerio Público el depósito de las resoluciones motivadas, mediante las cuales dispuso el archivo provisional de la investigación e imputaciones sostenidas contra otros ocho imputados en el caso Odebrecht.
El Ministerio Público se opuso a este pedimento afirmando que al no existir en este caso una víctima formal, no era obligación del recurrente notificar esos archivos a los imputados.
También Miguel Valerio, quien encabeza la defensa del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, pidió el aplazamiento de la audiencia alegando que la resolución del juez Ortega que se les notificó el viernes “contiene cosas muy importantes” que ellos pensaban recurrir, además de que a ellos no le han notificado ni siquiera las pruebas.
La respuesta del MP a este incidente fue que la defensa de Díaz Rúa podía presentar su recurso de oposición a la resolución de marras en plena audiencia, pero que se sabía que los alegatos del recurrido era “una nueva reiteración en búsqueda de retrasar el proceso”, por lo que pidieron al juez declarar inadmisible y ordenar la continuación de la audiencia.
El magistrado Ortega reservó para hoy su decisión en relación a ese incidente.
Se recuerda que acusación contra los siete encartados fue sometida por el procurador general el pasado 9 de junio, luego de más de un año de investigación sobre US$92 millones que la Constructora brasileña Norberto Odebrecht reveló haber pagado como sobornos en el período 2001-2014, a través de Ángel Rondón, un representante en el país, por el otorgamiento de 16 obras públicas a ser ejecutadas en República Dominicana.
Inicialmente la investigación del MP abarcó a 14 personas, incluidos funcionarios, exfuncionarios, legisladores y empresarios, contra quienes incluso se dictó medidas de coerción, y el procurador solicitó al juez de la instrucción declararlo complejo. Al final los acusados formalmente son solo siete.