La desaprobación con envergadura de tsunami emitida desde la sociedad al propuesto recorte presupuestal al 4% del PBI al Ministerio de Educación denuncia con vigor a quienes desde las administraciones del Estado (pasadas y presente) y en esta etapa de la abundancia de recursos no supieron obtener de ellos el máximo provecho.

El efecto pandemia fue un desafío para el país como un todo incluyendo a quienes debieron acertar con medidas que atenuaran con alternativas no presenciales las consecuencias del cierre de escuelas y para que al menos en el 2021 comenzara con buen pie un proceso de recuperación del tiempo perdido, metas que no fueron alcanzadas.

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Aún más: el nuevo ministro de la cartera, Ángel Hernández, de reconocida experiencia en el magisterio y como autoridad académica, consideró a poco de tomar posesión que esta etapa de asignaciones extraordinarias para la enseñanza en todas sus modalidades no universitaria (2013-2022) no ha servido todavía para mejorar la enseñanza sino para desperdiciar recursos.

Afectar, aun mínimamente, la disponibilidad de mayores partidas logradas con movilizaciones cívicas acentuaría el efecto deplorable de las malas ejecuciones presupuestarías, cuyos daños procede comenzar a restañar de inmediato. Las rectificaciones, que tendrán un costo a ser sufragado con reservas, estarían en marcha ya bajo un liderazgo excepcional llamado a marcar distancia de influencias partidarias de las que ponen sus intereses por encima de los del país.