En el marco de las compras y contrataciones públicas en la República Dominicana, el derecho a impugnar decisiones y respuestas institucionales es crucial para garantizar la transparencia y la legalidad en estos procesos. El Recurso Jerárquico, establecido en el Artículo 67, numeral 8 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, se erige como una herramienta fundamental para aquellos que no están conformes con la respuesta de una institución o, incluso, no se obtiene respuesta en el plazo establecido.

Este recurso, presentado ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), otorga a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar decisiones administrativas que afectan directamente los procesos de contratación pública. Sin embargo, la realidad es que la efectividad de este mecanismo se ve socavada por diversos retos y desafíos que deben abordarse para fortalecer la integridad del sistema.

Uno de los problemas más prominentes es el silencio administrativo que rodea muchas impugnaciones. Las instituciones públicas están teniendo la costumbre de no responder a los recursos jerárquicos y cuando lo hacen no ofrecen respuestas claras y fundamentadas en la legislación, si no, en criterios meramente subjetivos y de dudosa procedencia, dejando a los ciudadanos en un limbo jurídico, obligándolos a elevar recursos jerárquicos en busca de justicia y claridad. Este fenómeno no solo dilata los procesos, sino que también refleja la falta de compromiso por parte de las entidades gubernamentales para rendir cuentas y justificar sus decisiones.

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Es imperativo destacar que, según lo establecido en la ley, los ciudadanos tienen un plazo de 10 días laborables para presentar un Recurso Jerárquico, contados a partir de la recepción de la respuesta de su impugnación o del vencimiento del plazo de cuando se debió haber recibido al respuesta. Con ese límite temporal, el legislador buscaba agilizar los procedimientos y asegurar que las controversias se resuelvan de manera expedita. Sin embargo, la realidad es que este plazo no siempre se respeta, dejando a los ciudadanos en una posición vulnerable y desfavoreciendo la celeridad que debería caracterizar estos procesos.

Otro punto de preocupación es el incumplimiento de los plazos por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP). Después de que se ha completado el expediente, la institución tiene la responsabilidad de dar respuesta en 15 días calendario. Esta demora, que viola los principios fundamentales establecidos en la Ley 340-06, la Ley 107-13 y la Constitución Dominicana, genera incertidumbre y desconfianza en el sistema, debilitando la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de velar por la transparencia en las contrataciones públicas.

En este sentido, es esencial abogar por la revisión y mejora de los procesos de recursos jerárquicos. La DGCP debe ser más diligente en la revisión de estos recursos, garantizando respuestas fundamentadas en plazos razonables. Además, se debe fomentar la rendición de cuentas y la transparencia por parte de las instituciones públicas, evitando el silencio administrativo y proporcionando explicaciones claras y legalmente fundamentadas en cada etapa del proceso de contratación.

Los recursos jerárquicos en la contratación pública representan una valiosa herramienta para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, su efectividad se ve amenazada por prácticas que deben ser corregidas para fortalecer la confianza en el sistema y garantizar la transparencia y legalidad en los procesos de compras y contrataciones públicas en la República Dominicana.