El presidente de la República, Luis Abinader, colocó en la agenda la eliminación de las exoneraciones de vehículos, la propuesta despertado una ola de rechazo por la mayoría de los legisladores quienes contraproponen que estos beneficios también sean quitados de otras instituciones.

Al respecto el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras entiende que deben usarse otros mecanismos para la asignación de un automóvil a los congresistas.

«Ustedes saben mi posición en cuanto al tema de las exoneraciones, del barrilito, yo renuncié a todo eso, y hasta proyecto de ley entorno a quitar esos beneficios hemos propuesto«, explicó.

«Yo pienso que el senador necesita un vehículo, utilitario cuando entra al Senado, hay varias formas de hacerlo, lo que está en cuestionamiento es que un senador, tome dos exoneraciones las venda a un dealer para comprar un automóvil de alta gama o de lujo y eso no es posible», agregó Taveras.

Antonio Taveras habla sobre las exoneraciones

Taveras entrevistado este martes en el programa Uno + Uno que se transmite por Teleantillas canal 2, bajo la conducción de los periodistas, Adalberto Grullón y Millizen Uribe, dijo que los senadores y diputados necesitan un «vehículo utilitario» que sea devuelto al Estado.

Proyectos

El senador Félix Bautista ha presentado un proyecto de ley para eliminar las exoneraciones que reciben los legisladores dominicanos para la compra de vehículos de motor. Aquí tienes un resumen de las propuestas clave:

Propuestas

Eliminación de Exoneraciones: Se eliminarían las dos exoneraciones actuales que permiten a los legisladores adquirir vehículos de motor sin pagar impuestos.

Vehículos Oficiales: En lugar de las exoneraciones, las presidencias de las cámaras legislativas entregarían un vehículo oficial a cada legislador al inicio de su mandato.

Derogación de Leyes: La propuesta derogaría varias leyes relacionadas con las exoneraciones, incluyendo la Ley 50-96 y la Ley 57-96.

Vigencia: Si se aprueba, la propuesta entraría en vigor el 16 de agosto de 2028.

Este proyecto busca reducir el impacto de este privilegio en las finanzas públicas y garantizar una mayor transparencia y equidad en el uso de recursos.

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