Millizen Uribe 
Millizen Uribe
A propósito del nuevo año que se avecina, he preguntado a varios economistas qué nos depara el 2020 en términos económicos, y, lamentablemente, todos han coincidido en las altas posibilidades de una reforma fiscal.
Digo lamentablemente porque, aunque de entrada, las reformas fiscales no tendrían por qué ser negativas, la tradición dominicana es que, lejos de ser un proceso de reajustes fiscales, se convierten en un alza general de impuestos que para nada transforman las estructuras fiscales y su reparto, sino que sirven como método recaudatorio de los gobiernos para pagar deudas o, lo que es peor, financiar y costear proyectos políticos particulares.
Lo distinto, lo diferente es necesario e incluso está establecido por ley en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, donde se definió la necesidad de un pacto fiscal que a la fecha no se ha cumplido, en parte porque tiene un costo político que no se ha querido asumir responsablemente.
No obstante, sigue estando pendiente una reorganización fiscal que implique que ese cacareado crecimiento económico que, en la región, ha liderado la República Dominicana en los últimos siete años, y del cual hay que darle crédito al Partido de la Liberación Dominicana y a sus gobiernos, se transforme en desarrollo humano, no sólo de un grupito, sino de la gran mayoría de la población.
Ahora bien, si la ruta implica una reforma fiscal obligatoria, es necesario que este proceso tenga como norte un manejo presupuestario que garantice derechos y financie políticas públicas eficaces que impacten para bien en la ciudadanía. Y para esto, hay que observar recomendaciones como las hecha por Oxfam en su informe «Autopsia Fiscal: evaluación de los gastos e ingresos del Gobierno dominicano para garantizar derechos”, en la que revela terribles hallazgos de corrupción, dispendio y clientelismo en la administración de los recursos públicos.
Por eso, considerando como un factor a favor y al mismo tiempo en contra que el año 2020 es electoral, por lo que desde el punto de vista negativo implica muchas incertidumbres económicas y a la vez la posibilidad de excesos e irregularidades en el gasto público, pero que igual es una oportunidad importante para lograr comprometer a candidatos y candidatas con la justicia fiscal.
Pero, todo esto pasa primero y de manera urgente por la toma de medidas que combatan las debilidades institucionales, corrupción y clientelismos en el uso de los recursos públicos, porque de lo contrario ningún gobierno, ni este, ni el que viene, ni el de allá o acuyá, contará con la legitimidad y autoridad moral para exigirle a la población que pague un peso más a modo de impuestos.
