Los directivos de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) abogaron por que no se apruebe la reforma al Código de Trabajo por el Congreso Nacional, sin que contenga un acuerdo para la modificación de la cesantía.

La propuesta de Codopyme es que la reforma del Código Laboral incluya una modificación de la cesantía, estableciendo un límite en el monto y el tiempo, de 10 salarios y a cinco años, que permite a las empresas planificarse para cumplir con ese pasivo laboral.

Instaron a que exista un mayor consenso para conseguir el objetivo esperado por todos los sectores, que es disminuir la informalidad, generando empleos de mayor calidad.

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La segunda vicepresidenta de Codopyme, Amarilys Durán Salas, expresó que con el actual código laboral es costoso ser formal y uno de los elementos más costosos es la cesantía, cuyo pago podría llevar a la quiebra a muchos pequeños negocios. Además que, la situación se complica aún más, si se ven obligados a acudir a tribunales.

“Pagar cesantía es muy cuesta arriba para las mipymes, es muy gravoso y puede llevar a la quiebra a las empresas por la dificulta y por el alto costo. Y si se va a los tribunales, el proceso se hace más largo, costoso y tedioso”, explicó Durán, al asistir al Encuentro Económico, junto a Fernando Pinales, presidente de Codopyme y los pasados presidente de la entidad, Issachart Burgos y Luis Miura.

Durán insistió en resaltar que cualquier modificación al Código debe contener una perspectiva centrada en las capacidades reales de las pequeñas y medianas empresas, pues en su mayoría son familiares y generalmente no superan los cinco empleados.

Pinales expuso que la cesantía es un temor para la creación de empleos formales, en especial, para las mipymes que constituyen más del 99% del tejido empresarial dominicano.

Indicó que contemple una visión integral que favorezca el diálogo entre empleadores y trabajadores.
Pinales reconoció también que, aunque la cesantía no es un derecho adquirido como tal, sino, más bien, una indemnización en favor del trabajador, la complejidad del procedimiento laboral ha llevado a que muchas demandas terminen en condenas excesivas, poniendo en riesgo la existencia misma de esas pequeñas empresas y generando desempleo entre sus trabajadores.

En otro orden, Durán resaltó que es urgente una revisión de los procesos judiciales en materia laboral, pues, esos, a menudo enfrentan largas demoras antes de ser resueltos, lo que perjudica tanto a trabajadores como a empleadores. Este retardo se debe a una combinación de factores, incluyendo la sobrecarga de casos en los tribunales y la falta de recursos.

Criticó que en la situación actual el sistema no lleva a conciliación entre empleado y empleador, sino, que se fomenta a la confrontación.

Burgos recordó que han denunciado que existen mafias de abogados que compran los casos solo en busca de dinero de las empresas demandadas, incluso, en momento donde el empleado no quiere hacer demanda.