Cuando hacen 3 años y pico el presidente Luis Abinader arribó al poder encontró un calamitoso estado de cosas: la educación preescolar en los últimos lugares (Pisa 2018-2019); el sistema de salud tan destartalado que al final de su segundo gobierno el presidente Danilo Medina hubo de intervenir, simultáneamente, un alto número de hospitales; la seguridad social entraba en plena disfuncionalidad; en Santiago asesinaron n 2006 a la joven Vanessa Ramírez sólo para arrebatarle su celular.

Era tan alta la inseguridad ciudadana y la delincuencia que el presidente Leonel Fernández tuvo que poner al frente de la PN a un oficial motejado como El Cirujano, por su crueldad con los apresados.

El tránsito urbano ya era caótico en el GSD, Santiago y otras ciudades, faltaban acueductos, grandes presas y otros sistemas para suplir las necesidades de agua potable y el trabajo; carecíamos de drenaje sanitario y pluvial en prácticamente todo el país, entre otras fallas de los servicios públicos de calidad a que tienen derecho los ciudadanos en la vida moderna.

Los apagones vienen desde cuando en uno de los primeros gobiernos de Balaguer Julio Sauri se inventó que eran cosas de las pobres chichiguas y desde tiempos anteriores al actual gobierno conocemos los apagones “financieros”, que se daban cuando no había plata para pagar a las generadoras o reducir el histórico y cancerígeno déficit de las distribuidoras.

Desde 1997 hay registrados déficits en las finanzas públicas, o sea que desde hace casi 30 años consecutivos el estado recibe menos ingresos de los que gasta, y eso significa más endeudamiento y menos disponibilidad de dinero para las obras públicas que nos permitirían contar con servicios públicos de calidad.

Otro factor que ha afectado a las finanzas públicas es la corrupción gubernamental, hoy cortada en seco por el presidente Abinader.

En una de sus campañas electorales para llegar por vez primera al poder, el presidente Leonel Fernández denunciaba que la corrupción pública arrebataba entonces hasta 30 mil millones de pesos a las finanzas oficiales, cada año.

Si bien llevamos unos 50 años con crecimiento económico de alrededor de un 5%, lo que habla de la fortaleza de nuestras fuerzas productivas, no menos cierto es que ese vigor se ha mantenido en parejas con altos niveles de desigualdad generadora de pobreza.

Los déficits públicos han obligado a todos los gobiernos a endeudarse para formular cada año su presupuesto de ingresos y Ley de Gasto Público.

Por eso prácticamente todas las obras públicas que hemos realizado en esos 30 años han sido hechas en base a endeudamiento público.

Antes de las últimas elecciones, economistas, empresarios, periodistas y políticos coincidían en que “sea quien sea que gane las elecciones está obligado a hacer una reforma fiscal”.

Cuando los tres candidatos presidenciales de los partidos de mayor fuerza electoral acudieron al debate organizado por ANJE, coincidieron en la necesidad y urgencia de hacer la reforma.

Hace 12 años que el presidente Fernández, promulgó la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo, consignando la necesidad de efectuar esa reforma.

La Ley, 1-12, presentada por el entonces ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, advertía que “Es necesario insistir en que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 debe constituirse en un compromiso nacional, en responsabilidad de todos y todas”.

Y en su Considerando Décimo Quinto la 01-12 estableció que “el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública está articulado con el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, con el propósito de garantizar la adecuada presupuestación, financiación y gestión de los planes, programas y proyectos orientados a impulsar el desarrollo sostenido de la Nación”.

Hasta ahora nuestra sociedad ha preferido introducir parches o remiendos que no ayudan a resolver el fondo estructural del financiamiento para el desarrollo.

En un esfuerzo por poner al país en capacidad de superar los retos y desafíos que deparan el presente y el futuro, el presidente Abinader ha planteado la concertación de una Visión 2036, un conjunto de reformas, además de la fiscal, que en los próximos tres períodos de gobierno nos coloquen en capacidad de superar los desafíos que demandan el presente y el futuro.

Definirnos ahora sobre la necesidad de concertar un conjunto de reformas iguales o similares a las que propone el presidente Luis Abinader, que dé sostenibilidad a nuestra gobernabilidad social y política, es algo crucial, que debemos emprender sí o sí.