El sabor amargo de lo sucedido durante el proceso de elecciones municipales del 2020 y su desafortunada posposición fueron materia de furia ciudadana y favorabilidad al PRM. Hoy, este escenario resulta difícilmente replicable por la irritación cívica que provocaría y sus consecuencias electorales. No obstante, la lógica del incidente y alteración del ejercicio de votación sin traumas podría representar la excusa banal de toda fuerza partidaria convencida de la inviabilidad del éxito.
A la oposición le queda el camino de estructurar quejas por ante el órgano electoral que tienen de raíz la perversión de procesos internos del viejo PLD y causa de una fragmentación capaz de producir un candidato presidencial sin calidades y competencias. Además, en el registro histórico, los detentadores del poder recurrían a métodos de cerco ético y auscultar la conducta privada de actores políticos y árbitros institucionales en interés de chantajearlos vulgarmente.
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Ahora, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) parece el centro destinado a servir de ardid en intenciones político-coyunturales originadas en las dificultades de acomodarse a la gestión de un civil sin las clásicas destrezas trujillistas que, cierra el ciclo del uso de información personal como fuente de dañar y un real esfuerzo de consolidar los órganos investigativos alrededor de una fuente institucional, borrando en el siglo 21 el síndrome de Jhonny Abbes García.
Llevar a la jurisdicción del DNI denuncias fantasmagóricas alegando la intención de afectar el proceso electoral municipal, aunque pretende apuntar a la cabeza de la institución investigativa, el destinatario real es el primer ejecutivo de la nación y candidato a la repostulación. Así de sencillo, y de paso, retrato hablado de la capacidad de maltratar la competencia pautada en lo presidencial y congresional. Definitivamente, existen actores políticos cuyos impedimentos constitucionales y desconfianza en articular alianzas sinceras lo convierten en socios coyunturales. La cita de Martí es válida: “el que se presta para peón del veneno es doble tonto, y no quiero ser bailarín de su fiesta”.
Lo que no calculan los arquitectos de asociar acciones de la inteligencia del Estado para obstruir el proceso electoral del domingo 18 es que su actual alegato tiene en su vientre una dosis de confesión de actores ocultos, reconocidos en los círculos exquisitos de la política por su reputación malévola en ámbitos fraudulentos. En el terreno de los hechos, estos rentabilizaron de manera olímpica sus patrimonios al poseer información privilegiada, haciendo del miedo su principal letra de intercambio con el poder.
Es innegable que tantos años de ejercicio gubernamental permitieron creer que todo «se hace» en interés de alcanzar metas políticas. Hacerlo hoy, resulta casi imposible y sumamente arriesgado.