Por ser el cuarto mayor receptor de remesas familiares entre los países de América Latina y el Caribe, República Dominicana tiene una condición especial que le invita a estar entre los primeras naciones de la región en trabajar en la creación de un ecosistema regulatorio de las monedas digitales, lo que no ha ocurrido.

El país recibió remesas por 10,756 millones de dólares en 2024, sólo superado por México, con 64,745 millones de dólares, Guatemala, con 21,000 millones de dólares y Colombia, con 11.848 millones de dólares. En quinto lugar quedó El Salvador, con 8,479.7 millones de dólares.

Las monedas digitales están cambiando la forma en que las personas envían y reciben dinero a través de las fronteras. Sus beneficios son múltiples, empezando porque, con buena regulación, el envío es más barato, rápido y seguro.

La transacción puede ser confirmada en minutos u horas, en comparación con días o semanas si se usan otras vías.

También es mucho más accesible que los servicios tradicionales de remesas. Pueden hacerse por cualquier persona que tenga un teléfono inteligente y una conexión a internet, independientemente de su ubicación, identidad o situación financiera. No requiere cuenta bancaria, documentos de identidad o sucursales físicas.

También es más privada al no revelar la información personal del remitente o del receptor, como sus nombres, direcciones o números de teléfono. Solo muestran las direcciones públicas de las billeteras involucradas en la transacción, que son cadenas aleatorias de números y letras.

Además, es más segura al estar protegida por criptografía y verificada por una red de nodos que siguen un conjunto de reglas llamado protocolo. No puede ser revertida, alterada o manipulada.

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¿Cuál es la situación actual de las monedas digitales en los países que más reciben remesas en la región?
En México, las criptomonedas están reguladas por la Ley Fintech, promulgada en 2021, que reconoce su legitimidad y permite su uso como medio de pago, mientras que en Guatemala no está regulado explícitamente el uso y comercio de monedas digitales, pero tampoco está prohibido.

En Colombia, las criptomonedas son legales, se pueden comercializar y están sujetas a regulaciones, en tanto que en El Salvador, por exigencia del FMI para otorgar un financiamiento de 1,400 millones de dólares, fue modificada la pionera legislación aprobada en septiembre de 2021, para quitar al bitcoin su condición de moneda oficial, relegado su uso a intercambios entre ciudadanos y empresas privadas, y haciendo que su aceptación pase de ser obligatoria a voluntaria. Sin embargo, el Gobierno ha hecho nuevas compras de la moneda digital y alega que esto es consistente con el acuerdo con el FMI.

En cambio, República Dominicana no tiene una regulación de criptos ni requiere de una licencia para operar con ellas. Al contrario, las autoridades reguladoras han guardado distancia de estas monedas, y lo han hecho de dominio pública, en una demostración de que hasta ahora ha pesado más en su actitud la preocupación sobre un eventual impacto en la estabilidad financiera y los riesgos de que se presten para la evasión fiscal y el lavado de dinero, que el aprovechamiento de sus beneficios, entre ellos el de potenciar aún más el impacto social de las remesas.

Sin embargo, los cambios en los medios de pagos se están produciendo una velocidad tal que obligan al país a también moverse en esta dirección.