Eso de que el que reparte y reparte toca la mejor parte se cumplía a la perfección en la Operación Calamar, según las afirmaciones del Ministerio Público.

Él órgano de persecución criminal establece que como parte de su modo operandi, los acusados en este caso sobrevaluaban los terrenos y al momento de obtener los pagos se quedaban ellos con la mayor parte del dinero, engañando así a personas humildes.

Agrega que en varias operaciones nunca fue realizado el avalúo utilizado para justificar el precio pagado, sino que se establecía un presunto valor de los terrenos, cuando la realidad es que este valor otorgado a los mismos era acordado por la estructura criminal para obtener dinero del Estado a través de la maniobra fraudulenta de una simulación de un crédito inexistente.

Luego que los implicados en la Operación Calamar recibían sus respectivas partidas, por concepto de la cesión de créditos de tierras del Estado, estos a su vez las distribuían a los demás participantes de la estructura. Sin embargo, se quedaban ellos con la mayor y mejor parte, afectando en la operación a los sucesores que son personas de escasos recursos económicos.

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Tal es el caso del señor Teófilo Bernald Mota, residente en el municipio San Rafael del Yuna, provincia La Altagracia, quien es descendiente directo de la fallecida Brígida Mota Pérez, hija del señor Jorge Mota, y por la expropiación de su parcela recibió dos millones doscientos mil pesos (DOP 2,200,000.00), para ser distribuidos entre sus ochos hermanos (José Agustín, Glady Pastora, Ramón Antonio, Jorge Casimiro, Rafael, Julio Cesar e Iván).

A él ( señor Teófilo Bernald Mota) le tocó una pírrica parte ascendente, aproximadamente, a doscientos sesenta mil pesos (DOP 260,000.00); lo cual se corrobora con las declaraciones vertidas por éste último.

Agrega que el hecho de repartir y repartir y dejar lo mejor para sí se convirtió en una doble afectación o lesión a bienes jurídicos protegidos por la norma.

«Hacemos la observación de que la tasación y/o avalúo del terreno fue ampliamente sobreevaluado, y en general con estas maniobras corruptivas se afectó, no solo al Estado dominicano, sino que también se estafó a los sucesores», explica el Ministerio Público en el citado documento.

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La mayor parte para ellos

Afirma el Ministerio Público que el entramado de corrupción encabezado por el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz, y compuesto por Ángel Gilberto Lockward Mella, entre otros, solamente con el pago por la expropiación de la parcela del fenecido Jorge Mota, desfalcaron al Estado dominicano por más de trescientos sesenta y tres millones quinientos siete mil setecientos ochenta y cinco pesos con treinta y cuatro centavos (DOP 363,507,785.34).

Luego de recibir el pago a través de los libramientos, en lo interno de la estructura criminal este dinero fue distribuido de la siguiente manera (de acuerdo con declaraciones Fernando Crisóstomo Herrera):

Dinero recibido por las expropiaciones del terreno de Jorge Mota DOP 301,725,806.85

Oficial Ofic. 164,375,965.28 (30%)
Ramón E. Jiménez (Mimilo) MM = 21,916,795.37 (4%)
José Arturo Ureña JA = 21,916,795.37 (4%)
Fernando Crisóstomo FC = 21,916,795.37 (4%)
Ministro MX = 43,833,590.74 (8%)
Emilio Rivas ER = 27,395,994.21 (5%)
Contralor OC = 10,958,397.62 (2%)

Sobre Operación Calamar

Se trata de una operación, ejecutada el pasado sábado, cuando fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.

En la ejecutoria de estos allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.

Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.