La Junta Central Electoral (JCE) ha quedado atrapada, otra vez, en el cínico juego de los actores políticos que, por más que intentan demostrar que desean implementar prácticas políticas sin tachas, se aferran a maniobras que poco contribuyen con el fortalecimiento democrático, pero sí con sus intereses.

Por eso ha caído prácticamente en el vacío la intención del órgano electoral de contar con un instrumento de ley que permita equilibrar la actividad político-electoral en términos económicos, cerrar brechas a financiamientos turbios, y fiscalizar los fondos utilizados en períodos de campaña.

En abril del pasado año la JCE sometió al Senado de la República un proyecto de reforma y actualización a la Ley Orgánica del Régimen Electoral, y a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con la finalidad de que ambas legislaciones fortalezcan a la Junta y al sistema de partidos.

Pero a menos que en la Cámara de Diputados se varíen las decisiones tomadas por el Senado, los partidos seguirán actuando a sus anchas en materia del financiamiento que, históricamente, ha estado entrelazado a una práctica clientelar desde el entramado del Poder Ejecutivo.

Puede leer: La posición de los diputados por el nuevo presupuesto de la JCE

Con pocos controles y menos sanciones seguirá siendo difícil evitar que detrás de cargos electivos esté la sombra del narcotráfico y el lavado de activos, como parte de contribuciones privadas no transparentadas y por demás ilegales.

El dinero ilícito que se cuela en las campañas electorales se debe al alto costo de la actividad política, vista como un medio de enriquecimiento posterior.

No es casualidad que Quirino Ernesto Paulino Castillo, condenado por narcotráfico en un corte de Nueva York, admitiera en su momento que él financió campañas electorales a candidatos de los principales partidos políticos del sistema.

Resistencia al cambio

Aunque la sociedad civil y algunos segmentos de la partidocracia reclaman constantemente que el país cuente leyes que lleven el accionar político por senderos de transparencia y equidad, definitivamente hay una dura resistencia al cambio de parte de importantes sectores políticos.

Esa resistencia hizo que las dos leyes que son objeto de estudio, permanecieran casi dos décadas en esos hemiciclos a la espera de su aprobación.

En cuanto a la modificación a Ley Electoral, el Senado, de mayoría perremeista, afirmó que “La normativa tiene la finalidad de regular el ejercicio del derecho de la ciudadanía de elegir y ser elegibles; el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales; y el funcionamiento y competencias de la JCE como máximo ente responsable de la organización de comicios”.

Pero la JCE no está conforme con una parte del trabajo hecho en la Cámara Alta, y su presidente, Román Jáquez, dijo el martes en el Palacio Nacional que si la referida ley no se aprueba antes del 12 de enero, cuando concluye la actual legislatura, no sería oportuno reitroducirla en medio de un año preelectoral en el que se comienzan a cumplir los plazos para la organización del proceso.