El activismo político en este país está sobrecargado de insultos, agresividad y triunfalismo rotundo, y lo confirman los sucesos del domingo en Los Alcarrizos, que dejaron un saldo de dos personas muertas y trece heridos.

Debería avergonzar a los líderes políticos el hecho de que su falta de control sobre los activistas, ha forzado el surgimiento de una categoría de seres por cuyas vidas nadie suele pagar, a pesar de los aspavientos y discursos. El «muerto de campaña», desgraciadamente, es esa víctima del ejercicio político incivilizado, que predomina en el país a pesar de las promesas de respeto mutuo, de la firma de acuerdos de no agresión.

Las altas instancias de los partidos no tienen que involucrarse directamente en balaceras y agresiones como la de Los Alcarrizos para tener responsabilidad por oimisión en estos incidentes. La presencia de gente armada en manifestaciones, marchas, bandereos y otras actividades en las que para nada se requieren armas, es el fruto de la permisividad o falta de liderazgo de los dirigentes políticos, que no son capaces de disuadir estas conductas.

[b]II[/b]

El domingo 7 de marzo pasado, activistas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se enfrentaron en Nigua, San Cristóbal. En el incidente resultaron heridos de bala un funcionario del Gobierno y militante perredeísta y tres miembros del PLD.

Dos días después, altos dirigentes de ambos partidos se reunieron y acordaron la suscripción de un pacto que, según se dijo entonces, evitaría que coincidieran manifestaciones y caravanas de uno y otro partido en un mismo lugar. El pacto fue debidamente firmado, lo que suponía un compromiso de caballeros.

Sin embargo, los incidentes de San Francisco hacen poner en duda la efectividad de aquel pacto y evidencian que se pretende continuar la campaña electoral bajo las premisas de un triunfalismo inflexible y de una irracional aplicación de la fuerza.

[b]III[/b]

Esta sociedad no puede tolerar que haya categorías de víctimas por cuyas vidas nadie paga, como ha ocurrido generalmente con los muertos en campaña.

Al margen de lo que deba hacer el liderazgo político para suprimir de una vez por todas la violencia, las agresiones y el insulto, las autoridades policiales y judiciales están en el deber de hacer una minuciosa investigación y establecer responsabilidades. El derecho al activismo, a la expresión política como parte del juego democrático, ha sido consagrado precisamente para reemplazar la brutalidad de la fuerza como instrumento para alcanzar el poder. Por tanto, ese derecho no es carta de impunidad para amparar a quienes apelan a las armas para combatir las ideas.

Aquí debe quedar roto, definitivamente, el esquema de que los muertos en campaña «no se pagan». La ley establece claramente lo que corresponde en estos casos y la justicia tiene muy claras las sanciones que correrspondan en cada caso.

En cuanto al liderazgo político, a éste le corresponde distender el ambiente y asumir un control real y efectivo sobre los militantes en cada partido. El liderazgo es para asumirlo con responsabilidad.