La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó ayer que el Estado es el único responsable de que la empresa Transcore Latam continúe operando el sistema semafórico del país a pesar de que hubo una rescisión del contrato entre ella y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).

Asimismo, afirmó que es responsabilidad del Ministerio Público (MP) no solo investigar por qué ocurrió eso, sino también determinar si en el apagón semafórico ocurrido en el Gran Santo Domingo durante dos días el pasado mes de octubre, “hubo algún indicio de sabotaje”, y establecer las consecuencias pertinentes.

“Aquí a quien hay que cuestionar es al Estado, no a quien se contrató y siguió operando, porque ese fue un contrato que el órgano rector del sistema nacional de contrataciones públicas suspendió, lo que quiere decir, que alguien está fallando desde el Estado”, dijo la Finjus a través de su vocero, Servio Tulio Castaños Guzmán.

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Al abundar sobre el apagón semafórico ocurrido del 27 al 30 del pasado mes de octubre consideró que el tema no se puede quedar con la sola denuncia del director del Intrant Milton Morrison, que lo atribuyó a un hecho “intencional” de la citada empresa.

Refirió que ese tipo de situaciones no solamente genera un problema en el tránsito sino también de seguridad, o sea, cuando se produce un caos en una vía, en el hipotético caso de que hubiese sido inducida, evidentemente de que ahí hay consecuencias que van más allá de cualquier sanción administrativa.

“De ahí la importancia de que el Ministerio Público investigue qué fue lo que realmente pasó; y si eventualmente se puede determinar que hubo algún tipo de indicio de una acción inducida, se establezcan responsabilidades”, enfatizó Castaños Guzmán al ser entrevistado sobre el tema.
suspensión de contrato

El contrato entre el Intrant y Transcore Latam fue suspendido por la DGCP el 30 de octubre del 2023, por denuncias presentadas por las empresas Icontrolt Kapsch, Sistemas Integrados de Control y Trafficcom por supuestas irregularidades en el proceso de licitación pública.