Como vivimos en una democracia tan particular, donde la dinámica interna de los partidos políticos puede calificarse de cualquier manera menos como democrática, habrá que estar muy atentos al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior Electoral que ordenaron a la Fuerza del Pueblo y al PRM, respectivamente, la inscripción del candidato a Senador por Elías Piña y un diputado por la provincia Duarte.

Las sentencias favorecieron al señor Alejando Morillo Montero, quien resultó ganador de la encuesta con la que la Fuerza del Pueblo decidió escoger sus candidatos al Congreso Nacional, y al dirigente del PRM Luis Tomás Marte Santos, quien a pesar de haber sido declarado por la dirección de su partido ganador de la posición número 2, posteriormente, “sin justa causa”, fue excluido del listado de precandidatos ganadores en el nivel de diputaciones en la provincia Duarte. La alta corte advirtió tanto a la Fuerza del Pueblo como al oficialista PRM que al momento de depositar en la JCE las propuestas de candidaturas al nivel congresional debe garantizar el derecho de elegir y ser elegidos de ambos.

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Confiemos en que así será, que las cúpulas partidarias, acostumbradas a pisotear los derechos fundamentales de sus dirigentes y militantes, no querrán agregar el desacato a su extenso listado de acciones antidemocráticas en su perjuicio, perpetradas en nombre de alianzas que no implican principios ideológicos ni programáticos. Por suerte para nuestra democracia el TSE está poniendo algunas cosas en el lugar que les corresponde, y los que consideran que sus derechos electorales han sido vulnerados en sus organizaciones ya conocen el camino a seguir.

Mas aún después de las sentencias que dieron ganancia de causa a los dirigentes de la Fuerza del Pueblo y el PRM, a los que ordenó restituirle el derecho a ser elegidos del que fueron despojados por unas cúpulas partidarias que no respetan ni sus propias reglas.