Las mipymes de la construcción instan a que se revise el decreto 559-06 que dispone que todo proyecto turístico o de otra índole ubicado en zonas turísticas debe obtener un Certificado de Uso de Suelo expedido por el Ministerio de Turismo (Mitur) porque se ha constituido en una traba.

Los directivos de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), explicaron que aunque los proyectos cumplan con todas las regulaciones, las aprobaciones suelen verse limitadas por la intervención de múltiples actores, cuyos criterios no siempre son claros ni coherentes.

Ofrecieron estos detalles al participar en el Encuentro Económico, Eliseo Cristopher presidente de Copymecon, Riubell Montes De Oca, miembro asesor y Wilson Guerrero, encargado de relaciones públicas. También participaron Erminda Decena y Joselin A. Rodríguez, presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales Micro, Pequeñas y Medianas Empresarias del Sector Construcción (Mupymecon).

Montes De Oca explicó que este decreto hace que el proceso de aprobación en provincias turísticas sea más lento creando frustración y obstaculizando el progreso.

Recordó que uno de los principales actores en la tramitación de permisos para proyectos de construcción son los ayuntamientos, facultados por la Ley 176-07 para gestionar el uso del suelo, la densidad y la altura de los edificios. Sin embargo, en muchas zonas turísticas, el proceso se complica debido a la intervención del Ministerio de Turismo.

Criticó que existen importantes inconsistencias en la aplicación del decreto por parte del Mitur en temas sobre la altura y densidad de los edificios en las zonas turísticas. Por ejemplo, en la zona de Cabrera, en María Trinidad Sánchez, no se permite la construcción de edificios mayores a cuatro niveles, incluso en áreas alejadas de la playa, como a seis kilómetros del mar. En lugares como Juan Dolio, en primera línea de playa, se permiten edificaciones de hasta 20 pisos, lo que genera una evidente falta de coherencia en la aplicación de las normativas.

Montes De Oca expuso que hay más de 200 obras paralizadas en el Ministerio de la Vivienda en las zonas turísticas de todo el país porque el Ministerio de Turismo no da la no objeción al uso de suelo.
En otro orden, también resaltaron las limitaciones que tienen los programas de construcción de viviendas de bajo costo, “Mi vivienda” y “Dominicana se reconstruye”, vía el Ministerio de la Vivienda y “Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz”, del Ministerio de la Presidencia.

Cristopher expuso que hay un gran rezago en la ejecución de estos programas, muchos de ellos manejado por grandes empresarios, pero que no tienen el tacto para poder llegar a familias de escasos recursos y sacar el gran potencial de los mismos.

Indicó que en el 2024 se proyectó entregar 44,000 viviendas pero apenas se entregaron 2,000 por un lado y 7,000 en otro de los programas, cifras muy bajas comparado el déficit de más de un millón de viviendas del país.