Las organizaciones Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad, Centro Juan XXIII, Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) y Ciudad Alternativa, como parte del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), presentaron los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, que busca mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.

Entre los hallazgos del informe se revela que, los ejes temáticos en los cuales se han dividido los compromisos priorizados de la Cumbre de Lima 2018, valorados de 0 a 3, siendo 0 un “no registra” y 3 la puntuación más alta, en el país, no han alcanzado una valoración media (2.0/3.0), pese a que en la mayoría de los casos existen indicadores normativos. El resultado señala que el menor avance ha sido en el eje sobre fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, donde apenas el resultado ha sido poco más de un nivel bajo y los temas donde se registra mayor avance, carecen de algunas normativas fundamentalmente necesarias para dar total cumplimiento a los compromisos.

La gestión de gobierno que suscribió el compromiso, se caracterizó por una alta corrupción institucionalizada y daños a la justicia, donde ningún caso de corrupción de los denunciados fue objeto de sanción en los tribunales.

En términos generales, se ha dado cumplimiento parcial a los compromisos priorizados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción, sin embargo, pese al principio de continuidad de Estado, el cumplimiento de gran parte de las medidas adoptadas están sujetas al gobierno de turno, reflejando una debilidad en la voluntad de institucionalizar los esfuerzos, limitando la garantía de sostenibilidad en el tiempo, lo que se traduce a que no podamos indicar aún, que los mismos, en términos prácticos, se han constituido como compromisos de Estado.

Entre sus recomendaciones, la información recolectada muestra la necesidad de:

Disponer de los recursos económicos necesarios que le permitan al Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), dar una adecuada administración de la justicia para enfrentar los grandes desafíos que conlleva la persecución de la corrupción administrativa.

Garantizar la independencia del Ministerio Público, con un respaldo legal, en el cual se modifique la forma de designación del/a Procurador/a General de la República (PGR), la cual, hasta el momento según el artículo 171 de la constitución la realiza el presidente de la nación.

Requerir de un régimen de consecuencias con medidas coercitivas a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 200-04 que garantiza, entre otros aspectos el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a acceder a las informaciones registradas en todo tipo de documentos.

Disponer de una ley de protección de víctimas, testigos y denunciantes y la creación de protocolos adecuados para su ejecución.

Reformar la Ley 340-06, en virtud de actualizar y mejorar su contenido incorporando un régimen de consecuencia, y adecuando la normativa a las necesidades de los procesos de compras y contrataciones públicas.

Elaborar un listado de personas naturales y jurídicas que estén vinculadas a actos de corrupción, con la finalidad de evitar su contratación.

Disponer de una ley de extinción de dominio, para que los bienes procedentes de la corrupción sean recuperados, estableciendo los mecanismos pertinentes y todas las herramientas necesarias para su aplicación y que defina la finalidad de los bienes, fondos y valores recuperados.

El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron temas asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.

El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región.