El presidente del ministerio Jesús es Sanidad y Vida Eterna, reverendo Domingo Paulino Moya, aseguró hoy que la prisión preventiva que se le impuso al pastor y médico Julio Gómez es una muestra de la crisis moral que atraviesa el sistema de justicia de la República Dominicana.

Paulino Moya, quien además preside el Foro Permanente por la Paz Política y Social Global, consideró que «mantener a un prominente médico encarcelado después de sufrir un ataque criminal junto a su familia» por un individuo al que apodan «Lagrimita», daña el equilibrio emocional de sus parientes que, «irónicamente ha pasado de víctima a victimario».

«Fue atacada (la familia) en su propia casa por un criminal que posteriormente fue linchado por ciudadanos de la comunidad. Este delincuente tenía nada más y nada menos que ocho fichas por crímenes cometidos y fue condenado a 20 años de cárcel de los que solo cumplió seis meses», enfatizó.

Agregó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el procurador general de la República, deberían sentir vergüenza de los fiscales y jueces a cargo del proceso que se le sigue al médico y pastor encarcelado en la cárcel modelo de la provincia Monte Plata.

Julio Gómez (izquierda) cumple prisión preventiva en la cárcel de Monte Plata/Fuente externa.

«Esto así porque es ridículo, además de calamitoso, dañar la vida de una familia honorable . por querer salvaguardar el perfil público de un occiso que tenía un prontuario de crímenes, quien fue a la vivienda de los ciudadanos íntegros y trabajadores a agredirlos, y que hoy el sistema judicial del país convierte en victimarios», insistió.

Sostuvo que sólo en República Dominicana suceden hechos vergonzoso como éste, «llegando a los extremos de no garantizarle a un ciudadano ejemplar como el pastor Gómez» el derecho de presunción de inocencia, además de violarla sus derechos a obtener su libertad bajo fianza, «lo que ha causado asombro y sospecha en todo el país» que entiende que algo extraño se mueve en este caso.

Reclamó al magistrado Mariano Germán, presidente de la SCJ, y al procurador Jean Alain Rodríguez, una investigación y designación de funcionarios judiciales independientes que den un trato justo al caso. «Pues no es sabio esperar que la indignación colectiva se encienda para que se ventile el referido escándalo judicial», puntualizó.