Los vehículos que tenía el Ministerio Público en el caso Yuniol Ramírez-Omsa, fueron trasladados al Palacio de Justicia que está ubicado en Ciudad Nueva, para conocer si las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional los acogía como parte de las pruebas para el juicio de fondo.

Uno de los tres vehículos corresponde a una camioneta de Argenis Contreras, quien era el encargado de Compras y Contrataciones de la Omsa, el cual, de acuerdo a la acusación del órgano persecutor, planificó y ejecutó la muerte del abogado junto a otros acusados en el caso.

Dicha camioneta se vio en un video de cámara de seguridad mientras salía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el año 2017 Ramírez a bordo. En ese vehículo el órgano acusador cree que se le quitó la vida al también catedrático.

Se recuerda que en julio de este año, la coordinadora de Litigación de la Procuraduría general Mirna Ortiz, rechazó que entre los peritos de la Cámara de Cuentas haya contradicción respecto de las irregularidades detectadas en la Omsa, como afirma la defensa del exdirector de la institución Manuel Rivas.

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Dijo que todos los puntos reflejados en el informe de auditoría han sido confirmados por los peritos que han atestiguado en la audiencia, quienes dijo, han respondido “con precisión y coherencia” cada una de las preguntas que le han formulado la defensa del imputado.

“No ha habido contradicción en ningún momento; seguimos avanzando confiados en que todos esos puntos que han sido refrendados darán al traste con una condena, sobre todo en el caso del imputado Manuel Rivas, sobre quien recaía toda la actividad gerencial y administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses”, manifestó la procuradora adjunta.

La audiencia fue aplazada hasta el jueves 4 de agosto próximo.

El caso OMSA fue abierto a raíz del asesinato del catedrático universitario Yuniol Ramírez, por el que fueron acusados varios funcionarios y empleados de la institución, incluidos el exdirector Rivas, y el ex director Financiero Argenis Contreras, a quienes posteriormente la fiscal del Distrito Rosalba Ramos varió la calificación penal de asesinato por la de corrupción administrativa.