MANUEL QUIROZ 
Un tema largamente debatido a través de décadas y sobre el cual nunca se ha establecido una clara y coherente política, a pesar de críticas, defensas y argumentaciones de toda índole, se refiere a las exenciones fiscales, algunas encubiertas, disfrazadas o justificadas como subsidios de pretendido interés social y para fomentar el desarrollo del país.
Desde hace tiempo una corriente de opinión pública aboga por el fin de este tratamiento fiscal diferenciado por considerar que los tiempos actuales representa un desfase perjudicial, a pesar de que en el pasado cumplió un vital objetivo, como ocurrió con la Ley 299 de incentivo y protección industrial.
Parece que imbuido de ese pensamiento y de lo que ha podido comprobar en el desempeño de la economía pública, el presidente Danilo Medina abordó ese controvertido punto en su presentación ante la matrícula de la Cámara Americana de Comercio e invitados de diferentes sectores de la sociedad, que acudieron a ese foro interesados en conocer de forma directa y más acabada sus planes futuros de obtener un nuevo mandato constitucional de cuatro años.
Este aspecto y su anuncio de que es partidario de realizar una revisión integral de las exenciones para reenfocar los recursos que se distraen del Presupuesto y dedicarlos a actividades más productivas, fue uno de los temas que captó mayor atención, aunque sus planteamientos sobre la necesidad de un “Pacto Fiscal” y otros puntos de gran incidencia económica también fueron escuchados detenidamente. Entendidos en materia impositiva han sostenido que se impone dejar atrás prácticas clientelares y paternalistas desde el Estado, para que cada sector o ciudadano asuma sus obligaciones de impuestos y que de esta forma la clase media no tenga que cargar, como ha ocurrido hasta ahora, con la mayor carga frente al fisco, dando así la posibilidad al Gobierno de poder contar con recursos indispensables para ejecutar proyectos de progreso y desarrollo.
Con su exposición sobre un pacto fiscal que no sea coyuntural o producto de parches, Medina reafirmó su voluntad de impulsar una verdadera reforma en este crucial campo por el impacto que tendría en la economía, y que de ser llevada hacia delante supone grandes desafíos por la oposición sistemática de algunos sectores empresariales y ligados al mundo sindical y del comercio que quieren seguir disfrutando de tratos privilegiados con exenciones fiscales.
Los sectores productivos y los que operan en el renglón de servicios, principalmente en el transporte de pasajeros y carga, deben entender que ha llegado el momento de ser competitivos en base a eficiencia y no a través de subsidios e incentivos que impiden fortalecer los verdaderos programas sociales y de interés general, con el agravante de que el tratamiento excepcional en ocasiones solo contribuye a enriquecer ganancias y fortunas personales.
Para poder corregir en la práctica todas estas distorsiones, según los planes de gobierno esbozados por Medina si obtiene un nuevo período, el Ministerio de Energía y Minas se convertiría en órgano rector de todo el sistema eléctrico nacional y sería además el organismo responsable de trazar la ruta a seguir por cada operadora e institución autónoma.
Aunque el Presidente no lo mencionó, un desmonte general de subsidios tendría que abarcar teóricamente el que rige para una buena parte de los usuarios pobres del servicio energético y cuya eliminación desde hace tiempo sugiere el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin que haya sido acogido, en primer término por el negativo impacto social que esto tendría, máxime en estos momentos en que los candidatos se empeñan en fortalecer sus preferencias en el electorado.
Representantes del sector empresarial valoraron como positivos los nuevos planes abordados por Medina, entre ellos el apoyo a las Pymes y a la creación de 400 mil nuevos empleos, para lo cual se fortalecería también el apoyo al sector industrial, que al igual que el comercial y empresarial pueden ser respaldados sin necesidad de una política propiamente asistencialista, que en la práctica sólo conduce a desalentadoras competencias desleales.
