Hoy 
El proyecto de ley de pronta y sorpresiva aprobación en el Senado de la República y enfocado en proteger el honor y el derecho a la privacidad de ciudadanos crearía, de convertirse en ley, un excesivo recurso legal disponible para propósitos de coartar el ejercicio periodístico.
Sobreabundaría en una materia que en virtud de sentencias del Tribunal Constitucional establecen de forma conveniente y definitiva el que no puede existir la censura previa en este país. Que contra supuestos daños morales solo debe pretenderse, en defensa de la consagrada libertad de prensa, la acción judicial posterior para aplicar penas en la forma que ya tiene vigencia.
Sería además una sobreprotección de alto riesgo para la libre expresión vista la imprecisión de frontera, muy común, entre lo público y lo privado de personas que hayan dado motivos válidos para ser puestas bajo escrutinio de la sociedad.
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La controversial intención de poner límites a indagaciones y divulgaciones de detalles de privacidades abriría puertas a subjetividades sobre hechos y los alcances de la ley a usarse contra medios de comunicación de todas las opciones informativas disponibles.
Un estatuto destinado a invadir el campo de acción de la prensa dominicana tiene que ser analizado en vistas públicas para una minuciosa valoración de las partes a ser afectadas en las que ya despierta suspicacias y preocupaciones mayores. Ninguna disminución de los derechos de prensa tendría legitimidad.
