Sonó bonito y todos aplaudimos, más que nada porque se lo escuchamos decir al presidente Luis Abinader, pero entre lo dicho y lo hecho puede haber un larguísimo trecho que el gobierno tendrá que recorrer si quiere garantizar, como anunció el mandatario, que controlará los fondos públicos para que no sean utilizados en el proceso electoral que ya tenemos a la vuelta de la esquina.

Y es tan largo el trecho porque ese anuncio, que hasta donde recuerdo no tiene precedentes en nuestra historia político-electoral reciente, trata de romper con una “tradición” perversa que da licencia al partido político que está en el gobierno para utilizar los recursos públicos para empujar sus candidatos y mantener y consolidar su control del Estado, lo que probablemente ha contribuido a afianzar la creencia, muy extendida entre nuestra clase política, de que existe una relación directa entre dinero y política; mientras más dinero inviertes en una campaña electoral, más posibilidades tienes de ganarla.

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Es por eso que para impedir que el dinero público sea utilizado para politiquear y se cumpla con la ley de Función Pública, que en su artículo 48 también prohíbe a los funcionarios “requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidarias, sea en su provecho o en provecho de terceros”, el Gobierno mantendrá un monitoreo continuo a través de las instituciones especializadas en control del gasto público, a lo que se sumarían las denuncias de los ciudadanos, que deberíamos tomarle la palabra al presidente Abinader y al gobierno y convertirnos en vigilantes celosos de que eso se cumpla.

Porque no faltarán, tratándose de una “tradición” tan arraigada, los que dentro del oficialismo traten de pasarse de contentos utilizando los recursos públicos a su disposición para promover sus aspiraciones políticas particulares, corrompiendo con premeditación y alevosía el principio de igualdad para todos que debe garantizar la democracia.