A Angel Rondón le concedieron seis días para desmontar la petición del Ministerio Público

Angel Rondón continuará hoy sus alegatos en procura de salvar su pellejo de la cárcel en la que el Ministerio Público quiere verlo por diez años acusado de supuestamente ser el “eslabón” de Odebrecht en la cadena de pago de los US$92 millones en sobornos a funcionarios y legisladores a cambio de la adjudicación de 17 contratos de obras del Estado que estarían sobrevaluadas.

Su testimonio no ha variado un ápice desde que hace más de cuatro años, específicamente el 11 de enero del 2017, atendió un llamado que le hizo la Procuraduría General en medio de las investigaciones que realizaba en torno al sonado caso de corrupción en la República Dominicana.

Durante todo este tiempo ha sostenido que el dinero recibido de parte de la constructora brasileña ha sido por servicios de asesoría prestados; que su patrimonio es producto de 45 años de trabajo antes de la llegada de Odebrecht al país; y que los documentos utilizados por el Ministerio Público para acusarlo de supuesto soborno son las mismos que él le proveyó como prueba de la licitud de todos sus negocios.

Ahora, cuando casi concluye el juicio de fondo que podría significarle una condena de diez años de reclusión, la confiscación de muchos de sus bienes; el pago de una multa ascendente a 200 salarios mínimos y las costas del proceso a favor del Estado dominicano, Rondón vuelve a insistir en que la acusación del Ministerio Público en su contra es “una mentira”.

En el primer día de alegatos, el empresario se preguntó con cierta lógica porqué si como dice el Ministerio Público él entregó sobornos a funcionarios y legisladores, no están sentados en el banquillo de los acusados los exfuncionarios y exlegisladores que intervinieron en la firma y aprobación de los contratos y las adendas de las obras adjudicadas a Odebrecht.

Citó entre ellos a César Sánchez, Radhamés Segura y Máximo D´Oleo Ramírez, exfuncionarios en el área energética; Mariano Germán Mejía, Frank Rodríguez y Alberto Holguín, exdirector del Inapa; y al ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás.

Indicó que también deberían estar en el banquillo de los acusados el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; los exdiputados Julio César Valentín y Ruddy González; “y otros 588 más que, mal contados, pasaron por la comisión que estudió los contratos”.

La defensa técnica de Rondón, encabezada por Luis Minier, inició el desglose de la acusación rebatiendo la afirmación del Ministerio Público de que los contratos del imputado con Odebrecht eran “ficticios” “genéricos”, “simulados” a fin de justificar los pagos de sobornos que pagó el consorcio brasileño.

Mostró evidencias de que los contratos son lícitos y especifican claramente el rol para el cual fue contratado Rondón por la constructora y sostuvo que son los mismos que él entregó al Ministerio Público como prueba de todo lo que declaró cuando fue interrogado por la Pepca y se le exigió que llevara.

De acuerdo con esos contratos que Rondón ha depositado como prueba a descargo, su función era promover proyectos de construcción que pudieran ser de interés para Odebrecht y gestionar ante el Estado dominicano la obtención de estos ya sea bajo licitación pública internacional o “grado a grado”.

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Contrato Rondón Odebrecht

La asesoría y los servicios de promoción de los proyectos de infraestructura entre Angel Rondón y Odebrecht tenían carácter de exclusividad e incluían el ámbito privado. Los honorarios a ser recibidos por monto era el 2% del monto final de cada contrato, “por honorarios de éxitos”, especifican los contratos.