San Juan.- La junta de supervisión establecida por el Congreso de EE.UU. para afrontar la crisis financiera de Puerto Rico aprobó hoy prolongar el plazo de entrega del plan fiscal hasta el 28 de febrero y extender hasta el 1 de mayo la fecha de vencimiento de la moratoria en la deuda.

La junta aprobó la solicitud del gobernador Ricardo Rosselló de extender el tiempo para presentar el plan fiscal hasta el 28 de febrero. Igualmente, la Junta de Supervisión Fiscal accedió a extender hasta el 1 de mayo la fecha de vencimiento de la moratoria sobre litigios contra el Gobierno de Puerto Rico, dispuesta por la Ley para la Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

Inicialmente, el plan fiscal debía entregarse el 15 de enero y la moratoria vencía el 15 de febrero. La extensión de ambas propuestas se aprobó este sábado en la cuarta reunión de la junta -la segunda que organizan en Puerto Rico-, en Fajardo, municipio en la costa este de la isla. Durante su informe, el Gobierno aseguró que tendrían para enero un balance negativo de 1.100 millones de dólares con la Ley de moratoria actual.

Rosselló, quien no acudió a este encuentro, no obstante, agradeció, mediante un comunicado de prensa, a la junta por extender los plazos. “Las determinaciones de la junta representan una muestra de confianza al proceder de nuestra Administración, evidenciando que estamos actuando de una manera correcta, transparente y responsable en la administración pública.

Puerto Rico se encamina hacia su recuperación”, aseguró en el texto. Rosselló agradeció también a la Cámara de Representantes, dominada por miembros de su colectivo Partido Nuevo Progresista, por aprobar en la noche del viernes el Proyecto de la Cámara 675 que establece la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal.

El estatuto permitiría posponer hasta el 1 de mayo los pagos de la deuda, garantizaría los servicios esenciales a la población y evitaría un cierre en las operaciones del Gobierno.

La cámara también aprobó el Proyecto 454 para crear la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” que tiene como objetivo instituir al Gobierno como “Empleador Único” y establecer el concepto de movilidad dentro de las agencias.

“Ambas medidas facilitan la continuidad de las operaciones gubernamentales, logrando considerables economías, sin despedir empleados públicos y con mayor eficiencia en los servicios al pueblo”, aseguró Rosselló. Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda de más de 60.000 millones de dólares y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.

La ley Promesa, que establece la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, fue aprobada el año pasado por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda. Rosselló, del PNP, partido que apoya la anexión de la isla caribeña a EE.UU., ha dicho que la raíz del problema es que Puerto Rico es tratado por Washington como una colonia.