Brasilia. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se propone viajar este jueves a Nueva York para llevar a la ONU su denuncia de que sufre un intento de «golpe», mientras en el Senado parece formarse una mayoría proclive a llevarla a un juicio político con miras a su destitución.

El viaje de Rousseff a Nueva York fue confirmado hoy y tiene como propósito la firma del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, en cuyas negociaciones Brasil participó activamente, pero la ocasión servirá para que la mandataria exponga la crisis en que se encuentra el país y también su propia situación.

Fuentes cercanas a la Presidencia dijeron a Efe que una de las intenciones de Rousseff es aprovechar el escenario de la ONU y la presencia de decenas de jefes de Estado y de Gobierno para denunciar las intenciones «golpistas» que percibe por detrás del proceso que pudiera abreviar su mandato.

La mandataria tiene planes de regresar a Brasilia el viernes por la noche, tras asistir al acto en la ONU y, paradójicamente, durante los dos días que permanecerá en Nueva York su cargo será ocupado en forma interina por el vicepresidente Michel Temer, con quien ha roto toda relación.

Temer, primero en la línea de sucesión en caso de una destitución de Rousseff, ha sido acusado por la mandataria de ser «uno de los jefes de la conspiración» y permanece recluido en su casa de Sao Paulo, que es objeto de una incesante romería de políticos.

El intenso desfile de dirigentes de varios partidos, economistas y personalidades de diversos ámbitos ha llevado a la prensa local a afirmar que Temer está en plena conformación del eventual Gobierno que podría asumir en la primera quincena de mayo.

Eso dependerá de la decisión que tome el Senado sobre el proceso contra Rousseff, que estará en manos de una comisión especial que será instalada el próximo lunes en la Cámara alta.

Esa comisión analizará las acusaciones remitidas por la Cámara de Diputados, que se refieren a maniobras fiscales irregulares, y luego elaborará un informe que se prevé que será votado en el pleno del Senado alrededor del 10 de mayo.

Si el Senado se inclinara por instaurar el juicio político, la presidenta será separada del cargo durante los 180 días que durará el proceso y su lugar será ocupado por Temer, quien completaría el mandato si se llegara a una destitución.

La comisión de 21 senadores se instalará el próximo lunes y será presidida seguramente por un legislador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer y tendrá ese derecho como primera minoría en la cámara, con 18 de los 81 escaños.

La instrucción del caso debería recaer en la segunda minoría, que con 11 escaños cada uno constituyen el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el más enconado opositor del Gobierno.

El PSDB ha reclamado esa responsabilidad sobre la base de que el PT es «parte interesada» en el proceso, por lo que una vez que sea instalada la comisión ese asunto deberá dirimirse, posiblemente con el nombramiento para ese cargo de un senador del Partido Socialista Brasileño (PSB), que tiene la tercera minoría con siete escaños.

La instauración del juicio político, que separaría a Rousseff del cargo durante seis meses, dependerá de que lo apoye la mitad de los 81 senadores, mientras que la votación definitiva sobre el posible «impeachment» requeriría una mayoría de dos tercios (54 votos).

En cualquiera de los casos, después del varapalo que el Gobierno llevó en la Cámara de Diputados, en la que el proceso avanzó con una clara mayoría de 367 votos frente a 137, las cosas parecen cuesta arriba para Rousseff en el Senado.

Sondeos hechos en la prensa local en la Cámara alta indican que al menos 46 senadores ya han manifestado su intención de votar a favor del juicio, en tanto que unos 20 estarían en contra y el resto indecisos.

Más allá de eso, de los 17 partidos representados en el Senado, doce votaron el pasado domingo en la Cámara de Diputados por la continuación del proceso y sólo cuatro lo rechazaron.