El exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, dijo mediante un comunicado, que las imputaciones en su contra referente a un supuesto desfalco a las Edes son falsas.

El exfuncionario del pasado gobierno de ocho años del expresidente Danilo Medina calificó como un atropello los señalamientos en su contra, aduce que como vicepresidente de la CDEEE no tuvo participación en los procesos internos de compras y contrataciones de las empresas de distribución eléctricas señaladas.

El pasado 15 de junio, el Estado dominicano se constituyó en actor civil al igual que las entidades Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S. A. (EDEESTE), Edesur Dominicana S. A. (EDESUR) y la empresa Edenorte Dominicana S. A. (EDENORTE) para depositar una querella en contra de Jiménez Bichara, un hermano y dos cuñados del expresidente Medina por supuestamente desfalcar al sector eléctrico por más de 20 mil millones de pesos.

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Al entramado se les acusa de presunta estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos; asociación de malhechores y soborno a funcionarios.

Querella. Conforme al documento de 322 páginas depositado ante la Procuraduría General de la República, «las indagaciones han puesto en evidencia que Edesur, Edenorte y Edeeste han acumulado «un gran déficit funcional y operativo debido a las pérdidas insalvables producto de la corrupción y el manejo fraudulento de sus recursos por quienes estaban llamados a administrarlos de manera pulcra y honrada».

Resalta que el supuesto entramado corrupto gestó un premeditado operativo basado en:

Contrataciones amañadas e ilegales, en donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados.
Se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban.
Se contrataban personas y empresas vinculadas que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo.
En muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.

El fraude contra el Estado, indica la querella, no se realizó únicamente a través de contrataciones ilícitas en las Edes sino que también era ejecutado directamente con la CDEEE, a través de licitaciones manejadas a favor de los hoy querellados, «incluso cuando dichos procesos eran realizados con fondos provenientes de facilidades crediticias otorgadas por organismos internacionales«.

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En la querella se solicita a la PEPCA que inicie las investigaciones pertinentes para determinar la ocurrencia de los hechos punibles y sus responsables, especialmente a los miembros de los comités de compras y contrataciones, y a los miembros de los Consejos de Administración de las EDEs que ocuparon sus cargos en el periodo 2012 a agosto de 2020.

He aquí la declaración íntegra de Rubén Jiménez Bichara

Como es de conocimiento público el pasado martes día 15 de este mes de junio se dio a conocer el depósito de una Querella con Constitución en actor Civil interpuesta por del Estado Dominicano y las entidades Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S. A. (EDEESTE), Edesur Dominicana S. A. (EDESUR) y la empresa Edenorte Dominicana S. A. (EDENORTE) en la cual se me presenta como querellado.

Se me ha señalado como “líder de una estructura mafiosa” y “orquestador de maniobras para defraudar el Estado”, afirmaciones que son un ABSOLUTO ABUSO, un TOTAL ATROPELLO a mi nombre y a la gestión que desempeñé como vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE durante el período del 2012 al 2020. Ante esas imputaciones, mi compromiso con la sociedad y con mi familia me obliga a no guardar silencio.

Si bien no dispongo aún de una copia de la querella efectivamente depositada, han circulado informaciones por varios medios sobre estas acusaciones lo que me impulsa a ACLARAR de manera preliminar y general que en ocasión de mi cargo en la CDEEE, no tuve participación alguna en los procesos internos de compras y contrataciones de las empresas de distribución eléctricas señaladas.

Hacemos énfasis en que la CDEEE no tiene ninguna injerencia en la estructuración de los procesos de compras y contrataciones de dichas empresas, tampoco en identificación de necesidades de compra, en la definición de los requerimientos o especificaciones técnicas de los equipos, maquinarias o insumos en general que allí se compraban y mucho menos en la selección de suplidores de esas necesidades. Estas gestiones las realizaban las EDE de manera autónoma como parte de sus funciones operativas.

Con relación al segundo punto abordado públicamente sobre supuestos “procesos de compras fraudulentos desarrollados por la CDEEE con financiamientos otorgados por los organismos internacionales”, y un supuesto entramado para beneficiar con estos fondos de financiamiento público a empresas y/o personas determinadas, aclaramos que la CDEEE, en sus funciones legales, gestiona el “Programa de Modernización de la Red de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas” y cuya ejecución se realiza mediante financiamientos provenientes de los organismos multilaterales tales como: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Europeo de Inversión (BEI), el Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).

Estos organismos exigen al Estado dominicano la instalación de una Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), cuya función principal es ejecutar los proyectos desarrollados con apoyo de dichos financiamientos, a través de la cual son recibidos, evaluados y ejecutados los proyectos especiales que las EDE someten para fines de financiamiento, todo esto en estricto respeto a los procedimientos provistos por esas entidades multilaterales y que son coordinados y supervisados por estas mismas entidades, desde la solicitud del financiamiento hasta su ejecución final. Las imputaciones presentadas en la referida querella son absolutamente falsas.

En mi interés de aportar las evidencias pertinentes para el ejercicio de mi defensa, me he puesto a la disposición de la Procuraduría General de la Republica y sus órganos operativos, al tiempo que he solicitado un ejemplar de dicha querella y de los documentos que la acompaña a través de las Licenciadas Rosalina Trueba y Luz Díaz Rodríguez. Como ciudadano y ex funcionario público es mi obligación acudir a cuantos requerimientos me sean formulados por las entidades competentes y así me comprometo a hacerlo.