Por considerar que la pena debe ser proporcional al delito y con base a la importancia social del hecho, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió casar de manera oficiosa una sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y suspende parcialmente la pena impuesta a dos acusadas de violar la Ley de Delitos de Alta Tecnología en perjuicio de un banco.

Las beneficiadas con la sentencia número SCJ-SS-22-0046, del 31 de enero del 2022, son Santa Leonela Jáquez Solís y a Rismaylin Lucía Susana Holguín, a quienes, además de reducirseles de dos a un año la pena, también se les redujo de RD$2 millones a RD$1 millón la indemnización a pagar a The Bank of Nova Scotia (Scotiabank).

Ambas mujeres estaban acusadas de violar los artículos 5, 6, 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en perjuicio de la citada entidad bancaria.

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El marzo del 2018, el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional declaró la absolución de ambas acusadas mediante la sentencia 249-05-2018-SSEN-00059, la cual fue apelada por el Scotiabank por ante la Corte, que la anuló y ordenó un nuevo juicio.

Del nuevo proceso se encargó el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la misma jurisdicción, que en mayo de 2019, mediante la sentencia penal número 249-04-2019-SSEN-0093, las declaró culpables y condenó a un año de prisión suspendida y al pago de RD$1 millón como indemnización al banco.

Jáquez Solís y la entidad apelaron, y la Segunda Sala de la Corte dictó la sentencia 502-2020-SSEN-00017 en la que rechazó el recurso de la imputada y dio “ha lugar” a favor del banco.

Modificó particalmente la sentencia recurrida y condenó a Jáquez Solís y a Susana Holguín a dos años de prisión en Najayo, y a pagar $2 millones de indemnización “por considerar que esa pena es justa y proporcional a los hechos imputados”.

Falla

En el Ordinal Segundo de la sentencia de la SCJ, a la Santa Leonela Jáquez Solís y a Rismaylin Lucía Susana Holguín, dos acusadas de violar los artículos 5, 6, 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, se les obliga, además, a aprender un oficio para que puedan ganarse la vida de manera digna: cumplir 50 horas de trabajo comunitario en el cabildo del DN.