El 13 de abril del año 2021 el Senado de la República eligió a los integrantes de la Cámara de Cuentas y dejó conformado el bufete directivo de dicho órgano fiscalizador, compuesto por Janel Ramírez, Elsa María Catano, Tomasina Tolentino, Mario Fernández y Elsa María Peña, quienes se desempeñan presidente, vicepresidenta, secretaria y miembros, respectivamente.

Según lo que indica la Ley 10-04 en su artículo 13 respecto a los directivos de esa entidad de control , los designados por la Cámara Alta «durarán en sus funciones por el período de dos años».

Ahora, a propósito de que algunos sectores solicitan un juicio político a dicho bufete directivo, debido a las más recientes declaraciones de Ramírez en un programa de televisión, donde dijo que hace cosas que no quiere, debido a que el Pleno supuestamente ha ejecutado acciones que violan la ley, algunos legisladores y expertos en derecho han solicitado que el Senado remueva a los directivos de la Cámara de Cuentas, pero hasta el momento no se ha establecido si la Cámara de Diputados inciará un proceso de juicio político contra el Pleno.

El diputado José Horacio, del partido Opción Democrática, reveló que todavía «no ha llegado una propuesta formal en ese sentido. Pero en cualquier momento se podría presentar».

Sobre el particular, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado, Yván Lorenzo, presentó una moción al Pleno de la institución en la que exige la designación del nuevo bufete de la Cámara de Cuentas, que de acuerdo a la Ley 10-04, la cual indica que perime a los dos años de ejercicio.

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La Cámara de Cuentas, luego de los señalamientos contra su presidente, y por las declaraciones dadas en un programa de televisión, vuelve a ser cuestionada, principalmente, por la credibilidad de las auditorías realizadas durante la actual gestión de Ramírez.

Sin embargo, entre los «problemas» que Participación Ciudadana dijo que encontró en ese órgano del Estado, está los supuestos contratos de firmas privadas por parte de algunos imputados con procesos abiertos para supuestamente desacreditar las auditorías que ha hecho la Cámara de Cuentas.