El recién pasado período religioso cristiano, conocido desde hace un gran tiempo como Semana Santa o Semana Mayor, se caracterizó esta vez por haber servido de marco para un gran número de delitos ecológicos, principalmente contra zonas boscosas de diferentes partes del país.

Contrario a la tradición cristiana de hace algunas décadas, cuando las actividades físicas en ciudades y parajes se reducían a la mínima expresión, las «celebraciones» últimas han mantenido un índice de crecimiento que apunta hacia una celebración de Semana Santa cada vez más física, ruidosa y festiva, estimulada además por decenas de empresas comerciales que llaman a «vacacionar» por todo lo alto.

Estas nuevas celebraciones marcan también un descuido en cuanto a la vigilancia del respeto por las leyes, aceptando las autoridades también al período vacacional como un asueto en sus respectivas responsabilidades.

Por su lado, el descuido ha ido estimulando a los violentadores de la ley, en todos los niveles, desde los consuetudinarios delincuentes hasta aquellos que están supuestos a ser responsables en la elaboración de leyes y su aplicación.

Un ejemplo de esto último se encuentra en la denuncia realizada por la organización Sociedad Ecológica del Cibao SOECI-, en relación con la tala de decenas de árboles en Jacagua.

SOECI hizo la siguiente denuncia: «El asueto de la Semana Santa ha sido aprovechado por algunos depredadores para talar decenas de árboles en la región del Cibao, citándose entre ellos el intensivo tráfico de madera detectado en las proximidades de Jacagua, en

la cordillera septentrional; pero la situación toma ribetes aún más graves en casos como el Arroyo el Limón, en el Caimito de Moca, donde una finca de más de 50 tareas propiedad del sr. Wilfredo Bautista fue arrasada por éste, cortando sin permiso alguno cientos de árboles, entre ellas más de 60 Palmas Reales, 20 Amapolas, Samán, Guama, Javillas , Pendas y otras especies nativas y todo el soto bosque».

Y sigue diciendo la denuncia de SOECI: «Al ser arrestado por Giovanny Tiburcio, de la Dirección Regional Forestal, el Sr. García admitió los hechos, al decir que la finca es propiedad de él y su hermano, el Senador por la Provincia Espaillat, Andrés Bautista. Sometido por ante el procurador de Medio Ambiente de la jurisdicción de La Vega, el imputado fue despachado tras la imposición de una irrisoria garantía económica».

Es decir, que además de ser conocidos y sometidos los delincuentes, el responsable de impartir justicia asume como «poco grave» el delito cometido y beneficia en consecuencia a los delincuentes.

Pero lo de Jacagua no fue un hecho aislado. Otros hechos similares ocurrieron en otras partes de la República Dominicana, algunos comprobados por nosotros mismos.

En la autopista a Samaná

Prevista como una vía modelo, diseñada como una muestra de exhibición de la oferta natural dominicana, garantizada como poco ofensiva a la conservación de la flora, la autopista que llevará a Samaná ya está siendo invadida en su contorno.

Durante la Semana Santa pudimos observar como decenas de personas construían apresuradamente y con diversos materiales de desecho, varios armazones sobre el suelo rocoso del borde oeste de dicha autopista.

Consultados los responsables del puesto de peaje que ya se cobra a poca distancia de la autopista Las Américas, nos indicaron que ellos no tienen ninguna potestad para denunciar lo que está ocurriendo, puesto que son simplemente una compañía privada. Por otro lado, consultado un efectivo militar presente en el área del peaje, éste nos indicó que su responsabilidad en el sitio es velar por la seguridad de las estructuras del peaje, pero que no tienen instrucciones para reportar ninguna otra anomalía.

Aunque les señalamos a ambos lo que estaba ocurriendo junto a la vía en construcción, ambos sostuvieron la posición de que no era de su incumbencia tomar determinaciones al respecto o hacer alguna denuncia.

La ocupación de zonas protegidas, como las del Cinturón Verde de Santo Domingo, y de áreas necesarias de protección para evitar su arrabalización, como las de la autopista Las Américas y de la nueva Autopista Santo Domingo-Samaná, han suscitado enfrentamientos de autoridades con ocupantes que luego alegan haber estado en esos sitios por decenas de años.

Tala y quema en Higüey

Durante la misma Semana Santa recién pasada fueron taladas aproximadamente 30 tareas de bosque virgen en el área conocida como Hoyo Claro, de Verón, provincia La Altagracia. Algunas partes de la zona talada fueron incendiadas, presumiblemente para ser utilizadas para la siembra de frutos menores. La madera fue extraída de la zona.

La provincia de Higüey, con enormes zonas boscosas que alimentan grandes acuíferos subterráneos, cortada por farallones que recorren todo el Llano Costero Suroriental, es actualmente la provincia con mayor visitación turística. Es también una de las zonas sobre las que se mueven cientos de ojos buscando el establecimiento de complejos hoteleros, para lo que sacrificarían cualquier número de ecosistemas, sean éstos marinos, terrestres o subterráneos.

Esa posibilidad pone en manos de muchos propietarios de tierras en La Altagracia la decisión de vender o conservar sus propiedades. Muchos de ellos, presionados por situaciones económicas poco sostenibles, ceden ante las presiones y venden espacios a inversionistas extranjeros que no tienen la menor contemplación con la conservación de determinados recursos naturales, algunos de ellos insustituibles.

En tanto, «en lo que el hacha va y viene», algunas zonas son sometidas a la tala, a fin de ir obteniendo algunos beneficios inmediatos de las zonas destinadas a ser «turistizadas».