Los dos hombres estaban sentados en un bar el 21 de noviembre, tomando bebidas para aliviar el calor abrasador del estado brasileño de Mato Grosso, cuando agentes de policía irrumpieron y los arrestaron por presuntamente incendiar camiones y una ambulancia con cócteles molotov.

Un hombre intentó huir y deshacerse de su arma de fuego ilegal. Dentro de su camioneta, los agentes encontraron bidones de gasolina, cuchillos, una pistola, hondas y cientos de piedras, así como 9.999 reales (casi 1900 dólares) en efectivo.

Un juez federal ordenó su detención preventiva y señaló que el motivo aparente de la violencia era “la insatisfacción con el resultado de las últimas elecciones presidenciales y la búsqueda de su revocación antidemocrática”, según documentos judiciales revisados por la agencia de noticias AP.

Durante más de tres semanas, los partidarios del actual presidente Jair Bolsonaro, que se niegan a aceptar su estrecha derrota en las elecciones de octubre, bloquearon carreteras y acamparon frente a edificios militares en Mato Grosso, la potencia productora de soja de Brasil. También han protestado en otros estados del país, mientras pedían la intervención de las fuerzas armadas u órdenes de marcha de su comandante en jefe.

Desde su derrota electoral, Bolsonaro solo se ha dirigido a la nación dos veces para decir que las protestas son legítimas y alentarlas a continuar, siempre que no impidan que la gente circule

Bolsonaro tampoco ha negado el reciente surgimiento de la violencia. Sin embargo, ha cuestionado los resultados de las elecciones, que según el presidente de la autoridad electoral parecen estar destinados a avivar las protestas.

Si bien la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, las tácticas desplegadas por participantes incondicionales han comenzado a preocupar a las autoridades. José Antônio Borges, fiscal jefe del Estado en Mato Grosso, comparó sus acciones con las de guerrilleros, milicianos y terroristas domésticos.

Mato Grosso es uno de los focos de disturbios de la nación. Los principales objetivos, dice Borges, son los camiones de soja del Grupo Maggi, propiedad de un magnate que declaró su apoyo al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. También hay indicios de que personas y empresas del estado pueden estar alimentando protestas en otros lugares.

Se han reportado bloqueos de carreteras y hechos de violencia en los estados de Rondonia, Pará, Paraná y Santa Catarina. En este último, la policía federal de caminos dijo que los manifestantes que bloquearon las carreteras emplearon métodos “terroristas”, como bombas caseras, fuegos artificiales, clavos, piedras y barricadas hechas con llantas quemadas.

La policía también señaló que los bloqueos de carreteras durante el fin de semana fueron diferentes a los realizados inmediatamente después de la segunda vuelta de las elecciones del 30 de octubre, cuando los camioneros bloquearon más de 1.000 carreteras y autopistas en todo el país, con solo incidentes aislados.

Ahora, la mayoría de los actos de resistencia se dan de noche, llevados a cabo por “encapuchados extremadamente violentos y coordinados”, que actúan en diferentes regiones del estado al mismo tiempo, dijo la policía federal de caminos.

“La situación se está volviendo muy crítica” en el estado de Mato Grosso, dijo a la AP el fiscal jefe del estado, Borges. Entre otros ejemplos, señaló que los manifestantes en Sinop, la segunda ciudad más poblada del estado, esta semana ordenaron el cierre de tiendas y negocios en apoyo del movimiento. “Quien no se calla sufre represalias”, dijo.

Desde la votación, Bolsonaro ha desaparecido de la vista del público y su agenda diaria ha estado en gran medida vacía, lo que generó especulaciones sobre si está tramando algo.

Las tareas de transición del gobierno han sido dirigidas por su jefe de gabinete, mientras que el vicepresidente Hamilton Mourão ha intervenido para presidir las ceremonias oficiales. En una entrevista con el periódico O Globo, Mourão atribuyó la ausencia de Bolsonaro a la erisipela, una infección en la piel de las piernas que, dijo, impide que el presidente use pantalones.

Pero incluso las cuentas de redes sociales de Bolsonaro se han quedado en silencio, aparte de las publicaciones genéricas sobre su administración, aparentemente de su equipo de comunicaciones. Y han cesado las transmisiones en vivo por redes sociales que, con raras excepciones, realizó todos los jueves por la noche durante su gestión. El silencio marca un abrupto cambio radical para el grandilocuente líder brasileño cuyas legiones de simpatizantes están pendientes de cada una de sus palabras.

Aún así, los manifestantes, que han acampado fuera de los cuarteles militares en todo Brasil durante semanas, están seguros de que cuentan con su apoyo tácito.

“Entendemos perfectamente por qué no quiere hablar: ellos (los medios de comunicación) tergiversan sus palabras”, dijo una mujer de 49 años que se identificó solo como Joelma durante una protesta frente al monumental centro de mando militar regional en Río de Janeiro. Se negó a dar su nombre completo, alegando que la protesta había sido infiltrada por informantes.

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Joelma y otros dicen que están indignados con la derrota de Bolsonaro y afirman que las elecciones fueron manipuladas, haciéndose eco de las afirmaciones del actual presidente, hechas sin pruebas, de que el sistema de votación electrónica es propenso al fraude.

Las escenas de grandes barbacoas con comida gratis y baños portátiles en varias protestas, además de informes de viajes en autobús gratuitos que llevan a los manifestantes a la capital, Brasilia, han dado lugar a investigaciones sobre las personas y las empresas que financian y organizan las reuniones y los bloqueos de carreteras.

La Corte Suprema congeló al menos 43 cuentas bancarias por sospecha de participación, informó el sitio de noticias G1, diciendo que la mayoría son de Mato Grosso. Borges citó la participación de actores de la agroindustria en las protestas, muchos de los cuales apoyan el impulso de Bolsonaro para el desarrollo de la selva amazónica y su autorización de pesticidas previamente prohibidos. Por el contrario, el presidente electo se comprometió a reconstruir las protecciones ambientales.

Más recientemente, los manifestantes se han envalentonado por la decisión del presidente de impugnar oficialmente los resultados de las elecciones.

El martes, Bolsonaro y su partido presentaron una solicitud para que la autoridad electoral anule los votos emitidos en casi el 60% de las máquinas de votación electrónica, citando un error de software en modelos más antiguos. Expertos independientes han dicho que el error, aunque recién descubierto, no afecta los resultados y el presidente de la autoridad electoral, Alexandre de Moraes, rechazó rápidamente la solicitud “extraña e ilícita”.

De Moraes, quien también es magistrado de la Corte Suprema, lo calificó como “un ataque al Estado Democrático de Derecho… con el propósito de alentar movimientos criminales y antidemocráticos”.

El 21 de noviembre, el fiscal general Augusto Aras convocó a los fiscales federales de los estados donde los bloqueos de carreteras y la violencia se han vuelto más intensos para una reunión de crisis. Aras, quien es ampliamente visto como un incondicional de Bolsonaro, dijo que recibió informes de inteligencia de los fiscales locales e instruyó al gobernador de Mato Grosso para que solicitara respaldo federal para despejar las carreteras bloqueadas.

En última instancia, eso no fue necesario, ya que las fuerzas del orden locales lograron dispersar las manifestaciones y, para el lunes por la noche, las carreteras en Mato Grosso y otros lugares estaban todas liberadas, según la policía federal de carreteras. Sin embargo, no estaba claro cuánto duraría esto, en medio del continuo silencio de Bolsonaro, dijo Guilherme Casarões, profesor de ciencias políticas en la universidad Fundación Getulio Vargas.

“Con su silencio, mantiene a la gente en las calles”, dijo Casarões. “Esa es la gran ventaja que tiene hoy: una base muy movilizada y muy radical”.