Yo creo en los gremios. Tanto así que he hecho vida en los que corresponden a mi profesión. Lo digo de entrada para que nadie se vaya a equivocar y quiera limitar mi punto de vista al eslogan de “reaccionaria”.

Sin embargo, en la coyuntura actual, uno de los gremios más importantes que tiene el país, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha adoptado posiciones que al ser violatorias de derechos fundamentales, como es la educación, y ser por lo tanto impopulares, generan un alto nivel de rechazo en la población, por contravenir los intereses colectivos y hacerle un flaco servicio al gremialismo.

En la víspera, la ADP hizo una movilización y tiene prevista otra en demanda de un 20% salarial. El gremio tiene razón en que el Gobierno se comprometió a ello y me parece oportuno mejorar siempre las condiciones salariales de los trabajadores en sentido general, máxime de quienes ejercen una profesión tan noble como el magisterio.

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Sin embargo, ya el salario promedio del profesorado supera y casi duplica el del trabajador o trabajadora promedio. Un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), publicado el año pasado, sobre la situación macroeconómica dominicana con perspectiva de género, indica que el salario promedio mensual gravable para la seguridad social en República Dominicana es de RD$33,618.9 para hombres y RD$33,578.0 para mujeres.

Mientras que el salario promedio del personal docente es casi del doble. El Ministerio de Educación señala que el sueldo base de los docentes que imparten la jornada extendida es de RD$50,833.56, pero que al sumar los incentivos que recibe por antigüedad, titulación y evaluación de desempeño su sueldo supera los RD$63,000.

De modo que la ADP debería aceptar el 8% que le ofrece el gobierno porque debemos entender que el 4% no se puede dedicar exclusivamente a aumentarle el salario de manera recurrente a los maestros, sino que hay un compromiso con mejorar la calidad de la educación. Ese es el aspiracional del pueblo dominicano y por eso fue que este país se vistió de amarillo.

Y es que la proporción del presupuesto de educación que impactaba la calidad, en lo que se refiere a la parte pedagógica era apenas el 5%, mientras que el gasto corriente superaba el 60%. Dice el Minerd que el año pasado de los RD$252,700 millones presupuestados, más de RD$121,720 millones se gastaron en remuneraciones y contribuciones al personal docente.

Además, si bien es cierto que para mejorar la calidad, hay que mejorar las condiciones de vida de los maestros, esta no es la única variable en esa ecuación, sino que hay temas ambientales, como infraestructura, alimentación, cobertura, transporte escolar, formación magisterial, entre otros.

Pero si no tiene razón la ADP en el fondo mucho menos lo tiene en la forma. Paralizar la docencia es un acto criminal que atenta contra el derecho fundamental a la educación que tiene la niñez y la juventud dominicana, especialmente los sectores más vulnerabilizados que son en su gran mayoría los que asisten al sector público y que tienen en la educación la única forma de ascenso social legal y legitimo.

Además, atenta también contra el patrimonio público porque cada día de clase le cuesta al Estado dominicano 1,538.8 millones de pesos.

Finalmente, le genera antipatías porque los efectos colaterales de estas manifestaciones (tapones, caos, pérdida de tiempo, etc.) irritan y molestan a la población que reside, estudia, trabaja o se desplaza por las zonas de las protestas.

De modo que ojalá quienes toman las decisiones en el gremio de los maestros y las maestras repiensen estas posiciones porque lo mucho hasta Dios lo ve y si en la ADP siguen apretando la tuerca, se puede romper la rosca.