El director del Consejo Nacional para el VIH Sida, Víctor Terrero; la directora del Centro de Estudios de Género del Intec, Lourdes Contreras, y el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún, solicitaron ayer al presidente Danilo Medina observar la Ley de Código Penal que penaliza el aborto, por considerar que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres.
Por su lado, Terrero dijo que las más afectadas con esa ley son las dominicanas de clase social baja y coarta el trabajo de miles de médicos.
El funcionario cuestiona que el poder representado con su trabajo se coloque de espalda a la población que, según sondeos de opinión realizados, rechaza en un porcentaje amplio la prohibición del aborto.
Terrero dijo que es una aberración obligar a una mujer a tener una criatura producto de un incesto o una violación; como también es un abuso de autoridad impedir a los médicos su trabajo y obligarles a mantener un embarazo que de antemano sabe que la criatura viene con mal formaciones y que arriesga la vida de la madre y la criatura propia.
Víctor Terrero sostiene que la aprobación del Código Penal constituye una perversidad y un desconocimiento de los derechos de las personas, garantías que acompañan los individuos en donde quiera que se encuentren y que solo pueden ser demandados por ellos mismos.

Recurrirán a instancias. En tanto Contreras consideró que la decisión tomada por el Senado de la República es criminal y viola gravemente los derechos de las mujeres, así como contraria a diversas convenciones internacionales.
Recordó que el Presidente Medina en noviembre de 2014 presentó sus observaciones al proyecto de ley estableciendo tres causales que constituían liberación de penas a las mujeres que procurarán un aborto en condiciones especiales.
Consideró que esa ley contradice políticas de Estado dirigidas a reducir la mortalidad materna, dado que el país es de los que tiene más altos índices de muertes de madres en toda la región.
Recordó el dato de que 20 de cada 100 muertes maternas se producen en mujeres jóvenes.
Advierte que de promulgarse esa ley la mortalidad materna tenderá a subir a pesar del compromiso del país frente a la agenda 20-30 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Dice que si el mandatario no observa la ley recurrirán a todas las instancias posibles, incluyendo las internacionales.

Rechaza cambios. De su lado, El gremio que agrupa a los abogados rechazó que en el nuevo Código se eliminaron dos circunstancias de las tres que permitían realizar un aborto legal, lo que constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres.

Explicó que el Código Penal aprobado en 2014 planteaba que el aborto podía realizarse legalmente cuando la vida de la mujer embarazada esté en riesgo, cuando el embarazo ha sido producto de una violación sexual o incesto y en casos de malformación del feto incompatible con la vida, mientras que el nuevo Código aprobado por los diputados solo permite el aborto legal cuando corre riesgo la vida de la madre.

“Obligar a una mujer a mantener un embarazo producto de una violación sexual, incesto o con malformaciones del feto cuando crece fuera del útero es una acción inhumana que afectaría a la madre y a la criatura física y sicológicamente”, expresó Surún Hernández.

El gremio de los abogados entiende que siempre debe defenderse la vida de conformidad con el mandato Constitucional, pero existen circunstancias en las cuales el legislador debe prever la excepción a la prohibición del aborto, como es el caso de violación.