Parece que la coronela Ysabelita de los Santos, acusada junto a cuatro agentes de la Policía de agredir al Defensor del Pueblo y a los periodistas que lo acompañaban durante una inspección al Centro de Retención de Vehículos que funciona en el Canódromo El Coco, tiene los rangos bien puestos o cuenta con un buen padrino que le cubre la espalda, pues no hay forma de que la querella en su contra avance ni se tengan noticias de los resultados de la investigación iniciada por una comisión especial que designó el director de la institución, el mayor general Eduardo Alberto Then.

Esa comisión, de la que jamás se han vuelto a tener noticias, debió establecer responsabilidades por la eliminación de la data del teléfono propiedad del reportero del Listín Diario, que claramente se hizo con la intención de borrar las evidencias de una actuación policial violenta y al margen de los protocolos.

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Lo peor del caso es que, aunque se lamenta, no sorprende el silencio con el que se le quiere echar tierra y olvido al suceso, que no puede considerarse “caso cerrado” con la destitución de la coronela y el traslado del personal que agredió a puñetazos y macanazos a los periodistas del Listín Diario y CDN canal 37 que acompañaban a Pablo Ulloa.

“Doy absolutas garantías de que se tomarán las medidas correspondientes, tanto disciplinarias como legales, que pudieran ser recomendadas como parte del proceso investigativo”. El twit del general Then que acabo de reproducir tiene el propósito de recordarle al Director de la Policía que seguimos esperando que honre ese compromiso, pero decirle también que esa espera se está haciendo demasiado larga.

Tanto, que ya empieza a sospecharse que detrás de ese silencio lo que se persigue es que eso se quede así, sin consecuencias para los responsables, a los que no se puede premiar con impunidad por el hecho de estar investidos de la autoridad que les da el uniforme, pues esas cosas –nunca está demás recordarlo– solo pasan en las dictaduras.