El pueblo dominicano vive con miedo a ser víctima del delito. Así lo demuestran todos los estudios de opinión de los últimos años.

En estos momentos, y a pesar de la grave pandemia que enfrentamos, la inseguridad es la principal preocupación de nuestra gente, por encima del precio de los alimentos, el desempleo y la salud. El presidente Luis Abinader lo dijo en su discurso de rendición de cuentas: para más del 70% de la población la inseguridad es el principal problema.

Este sentimiento de desamparo ante las amenazas del delito viene de lejos, y tiene una larga lista de causas que van mucho más allá de las estadísticas oficiales de homicidios, robos, atracos o riñas. La pobreza, la desigualdad, la falta de confianza en las autoridades policiales, la corrupción, la impunidad y otros factores estructurales alimentan el fenómeno.

Para enfrentar este desafío, el Gobierno está concluyendo el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, bajo la coordinación del Ministerio de Interior y Policía. El plan se viene elaborando de manera conjunta con los ayuntamientos, las academias, técnicos del Estado, la Policía Nacional, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y representantes de diversas organizaciones sociales, bajo el acompañamiento de consultores internacionales del más alto nivel.

Además de la necesaria reforma de la Policía Nacional, el plan que se pondrá en ejecución se fundamenta en la Prevención y Control del Delito, la promoción de la Convivencia Pacífica y la Cultura de Paz, la atención a la víctimas, el retiro de armas ilegales de las calles, la reinserción social de los privados de libertad, y la mejora de la coordinación interinstitucional. Todo esto acompañado de un alto componente de aplicaciones tecnológicas, generación de data y respuestas focalizadas. Hasta ahora, por ahí anda la planificación.

Por lo que hemos podido observar en los talleres de consulta y planificación, el nuevo modelo de gestión de la seguridad ciudadana tendrá un mayor componente de participación de las comunidades y de los gobiernos locales, lo que implica pasar del actual modelo súper centralizado a uno con medidas y equipos de trabajo acordes a la realidad concreta de cada municipio.

Ese, el de la descentralización y la participación comunitaria, es a mi juicio el más trascendente de los aspectos del plan.

En América Latina, la región más violenta del mundo (37% de los homicidios del mundo), los modelos de prevención y control del delito que más han funcionado han sido precisamente los que dan protagonismo a los ayuntamientos y a las comunidades, por ser el primero la autoridad política más cercana a la gente, y por ser los vecinos y vecinas los más afectados y conscientes de las formas de existencia y expansión del que la sociología llama comportamiento desviado.

Este avance, sin embargo, sólo podrá ser aprovechado si los ayuntamientos y las comunidades son conscientes de la necesidad de que se conviertan en protagonistas de la gestión de la seguridad en sus respectivas demarcaciones. Hasta ahora el Palacio de la Policía Nacional venía siendo el inicio y el fin de toda política pública de seguridad ciudadana, con algunos programas recurrentes de intervención comunitaria por parte del Ministerio de Interior (Barrio Seguro, Vivir Tranquilo…).

Ahora, con la activación del Nuevo Plan de Seguridad Ciudadana tendremos la oportunidad de integrar a los gobiernos locales, a las organizaciones comunitarias y a las diferentes agencias del Estado (fiscalías, Salud, Educación, Deportes, Juventud) en un mismo espacio de planificación y gestión de la seguridad ciudadana. Esperamos que la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) se animen y ayuden a un gran movimiento que coloque a los ayuntamientos y juntas distritales en sintonía con la nueva forma de gestión que se propone. La oportunidad existe. Toca aprovecharla.