En la realidad actual, caracterizada por los desafíos provenientes de la cuarta revolución industrial 4.0 y los efectos derivados de la pandemia de covid-19, las empresas, las instituciones, las marcas y los profesionales de las distintas áreas del saber, deberían preocuparse por desarrollar más sus competencias blandas.

Por ejemplo, aprender a colocar en el centro de su quehacer ordinario y extraordinario el factor humano, así como mejorar su desempeño social, buscando con ello favorecer a los sectores más afectados por la desigualdad y la exclusión socioeconómica.

Según las perspectivas de la nueva realidad, la meta principal de los gobiernos, los Estados, las empresas, las instituciones y de las marcas, debería consistir en esforzarse para crear y mantener las condiciones necesarias que permitan establecer bienestar humano sostenible, inclusivo y esperanzador. Tomando como punto de referencia lo planteado, se observa que a las élites económica y política dominicana les importa un bledo el bien común.

Una muestra fidedigna de lo poco que vale el bienestar individual y colectivo de los dominicanos, es la forma inoperante, mezquina y rentista, que emplearon los representantes de entidades empresariales, instituciones gubernamentales, organizaciones políticas y de las centrales sindicales, para elaborar, aprobar e imponer la Ley 87-01, con la cual se crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social SDSS). El sistema actual no protege a la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. A juzgar por los hechos, el SDSS ha sido concebido y estructurado para hacer más ricos a los que se inventaron el negocio sin riesgo.