Santiago de Chile.- El Senado de Chile aprobó este miércoles el proyecto de reforma constitucional que busca permitir a los ciudadanos retirar el 10 % de sus fondos previsionales para hacer frente a las complicaciones económicas que está causado la pandemia del coronavirus.

Pese a que la iniciativa, presentada por la oposición, ya fue aprobada por los diputados la semana pasada, regresará este jueves a la Cámara baja, que tendrá que analizar las indicaciones que se incluyeron al proyecto durante su tramitación en las Comisiones del Senado.

El proyecto está generando una fuerte crisis en el oficialismo chileno, pues es apoyado por varios legisladores de la coalición gubernamental pese a que el Ejecutivo que preside el conservador Sebastián Piñera se muestra contrario.

Mientras, desde la oposición se califica esta reforma como “histórica”, en la consideración de que puede suponer el inicio de un cambio profundo del sistema previsional chileno.

El debate también está agitando a la ciudadanía, que según las encuestas apoya mayoritariamente la iniciativa y tras la aprobación esta noche volvieron a escucharse cacerolazos desde los balcones de algunos barrios de Santiago de Chile.

Con esta reforma se busca establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial anticipado de los ahorros previsionales, con ocasión de la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19, de tal manera que por única vez los afiliados al sistema de pensiones que lo deseen puedan retirar hasta el 10 % de sus fondos de pensiones.

Estos fondos se encuentran depositados en las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas encargadas de gestionar el ahorro individual obligatorio en el que se basa el modelo chileno, mediante el cual cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila.

El modelo previsional chileno, instaurado en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es altamente contestado por parte de la población desde hace años y fue uno de los motivos centrales del estallido social del pasado octubre.

LOS ASPECTOS DE LA REFORMA

Tras más de ocho horas de debate, la iniciativa, que requería 26 votos favorables, fue aprobada en sus términos generales por 29 votos a favor (de los que 5 fueron oficialistas), 13 en contra y 1 abstención.

El proyecto establece que el monto mínimo a retirar será de 35 Unidades de Fomento (UF) -unidad monetaria cambiante de existencia no física que se utiliza en Chile para ajustar las transacciones comerciales, contables y bancarias de acuerdo a la inflación-, lo que equivale aproximadamente a un millón de pesos (unos 1.270 dólares).

El monto máximo será equivalente a 150 UF, que son alrededor de 4,3 millones de pesos (unos 5.500 dólares).

En el caso de que el 10 % corresponda a un monto menor a las 35 UF, los afiliados podrán retirar hasta dicho monto y, en el caso de que el monto total acumulado sea menor a las 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos.

Tras aprobarse los términos generales, la Sala votó cada uno de los incisos que se le agregaron al proyecto en su tramitación en Comisiones, como el hecho de que los fondos retirados no constituirán renta a ningún efecto legal ni serán objeto de retención o descuento alguno, entre otras.

EL DEBATE

“Esto es un triunfo de la gente; además son sus recursos y ellos sabrán cómo los destinan (…) Las AFP son el símbolo del abuso en Chile”, dijo durante el debate en la sala el senador opositor independiente Alejandro Guillier.

Por contra, la senadora de derechas Carmen Gloria Aravena señaló en su intervención que “el retiro del 10 % de los fondos es una política regresiva” y que su voto es en contra de esta reforma en pensando en lo mejor para los ciudadanos “y su futuro económico».

Durante el debate de también hicieron uso de la palabra los ministros secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado; de Hacienda, Ignacio Briones y de Interior, Gonzalo Blumel, quienes dieron su parecer contrario a esta reforma, que consideran “regresiva” y una mala medida para el futuro de las pensiones que van a recibir los ciudadanos.