El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, llevó a cabo una intervención en la localidad de Rancho Arriba, San José de Ocoa, en respuesta a las protestas de los residentes que bloquearon el acceso al sector La Vigía, luego de que las autoridades realizaran un operativo destinado a combatir actividades ambientales ilegales en la zona.

La acción, que se ejecutó por instrucciones del general de brigada ERD Ángel Alfredo Camacho Ubiera, tuvo como objetivo la intervención del río Nizao, particularmente en las cercanías de la comunidad La Estrechura, así como en Las Lomas de La Novilla y Cuesta de la Vaca, que se encuentran dentro del Parque Nacional La Humeadora, donde se habían establecido asentamientos irregulares de ciudadanos haitianos.

Durante la operación se desmantelaron cinco estructuras utilizadas por ocupantes ilegales que estaban realizando actividades agrícolas no autorizadas en el parque.

Asimismo, se eliminó un cultivo de plátano y orégano que se había establecido de manera irregular.

Intervención en Pedernales

En otra intervención realizada en la provincia Pedernales, el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con la Armada y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), ejecutaron la segunda fase del Operativo de Reforzamiento de Controles Fronterizos en Cabo Rojo.

La iniciativa tuvo como propósito desalojar y demoler las estructuras temporales e ilegales en la zona, tras otorgar un plazo de siete días a los ocupantes para que retiraran sus pertenencias.

De las 19 estructuras identificadas, se logró demoler 18, mientras que se concedió una semana adicional para la única que permanece, dado que se utiliza como centro de acopio para los bienes allí almacenados.

El operativo fue realizado por un equipo multidisciplinario de 33 efectivos, que incluyó cinco oficiales superiores, dos oficiales subalternos, 14 infantes de marina, 12 miembros del SENPA, dos agentes de interdicción migratoria de la Dirección General de Migración y el Procurador Fiscal, Licenciado Rafael Pérez Pérez.

Además, las fuerzas terrestres contaron con el apoyo de cuatro unidades de superficie, incluyendo el Guardacostas GC-112 «ALTAIR» y tres botes de acción rápida.Gracias a las labores coordinadas entre el Ministerio de Medio Ambiente, el SENPA y las demás instituciones, ambas intervenciones se realizaron en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y concluyeron de manera exitosa.