Kelvin Pascual 
No se ha derogado decreto
Con el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), se ha pretendido lograr su suspensión a través de una declaratoria emitida por un organismo inferior, como es el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que es dependiente del Poder Ejecutivo, que no puede desconocer un contrato suscrito por el Estado a través de una resolución que declara lesivo la autorización de la construcción de la terminal.
La precisión la hizo ayer el abogado Manuel Esquea Guerrero, parte de la defensa legal del AIB, quien declaró que el IDAC se ha hecho cómplice de los intereses del Grupo Puntacana y afirmó que ninguna sentencia ha afectado el decreto que aprueba el aeropuerto, ni el contrato suscrito con el Estado para su construcción.
“Lo que hay aquí es un conflicto de intereses mezclado con una revancha política. Es que no hay un alegato jurídico valido”, expresó.
Precisó que el decreto que aprobó la construcción de la terminal aérea puede ser derogado por el presidente Luis Abinader, algo que no ha hecho, pero que un contrato suscrito por el Estado dominicano no puede ser anulado por una disposición del Poder Ejecutivo, sino que le corresponde a la justicia.
“Lo curioso es que se ha pretendido desconocer la construcción del aeropuerto sin atacar el decreto y sin atacar el contrato, que era por donde tenía que irse”, dijo.
Los tribunales, argumentó, tienen jurisdicción para desconocer un contrato, pero esto no lo puede hacer un organismo, mucho menos uno inferior como el IDAC.
Dijo que el Grupo Puntacana quiere impedir que se ejecute un contrato suscrito por el Estado dominicano, por lo que han recurrido a los tribunales, los cuales le han dado la razón en primera instancia, por lo que ellos han recurrido.
“Hay un boicot con el proyecto”, insistió.
