Una de las características distintivas de la actual Administración es que vende la idea de un supuesto alto nivel de eficiencia y transparencia en sus ejecutorias gubernamentales. El más alto nivel de los funcionarios gubernamentales, con el Presidente a la cabeza, se ha convertido en un vendedor de ilusiones. Al escucharlos, dan la impresión de que los dominicanos vivimos en el paraíso.

Sin embargo, esa supuesta eficiencia ha sido puesta en entredicho y quedado muy mal parada con los señalamientos hechos esta semana por el Departamento de Estado de los Estados de Estados Unidos en su informe sobre el clima de inversión en 2023 en República Dominicana, así como por el informe presentado por la Asociación Dominicana de la Industria Eléctricas (ADIE) en torno a la situación del sector eléctrico en el país.

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El informe del Departamento de Estado señala la falta de reglas claras y estandarizadas para competir en República Dominicana e indica que los inversores extranjeros reportan que enfrentan obstáculos como percepciones de corrupción generalizadas en los niveles nacional y local del Gobierno, así como falta de competencia técnica dentro del Gobierno. También, falencias como una estructura de toma de decisiones excesivamente centralizada y jerárquica, retraso en los pagos gubernamentales, débil aplicación de los derechos de propiedad intelectual, entre otros problemas.

El documento refiere que, a pesar de que el Gobierno ha prometido realizar reformas importantes ha habido una tendencia a reducir o retirar estas medidas cuando enfrentan críticas públicas.

En suma, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos puede interpretarse como una negación a esa visión optimista que vende mayormente el Gobierno del presidente Abinader sobre su gestión; esto, al señalar características de un Gobierno pusilánime, inseguro, inefectivo e incapaz de tomar decisiones asertivas, o de afrontar situaciones comprometidas.

Al referirse a los Indicadores Globales de Gobernanza Regulatoria, el informe del Departamento de Estado indica que las agencias regulatorias dominicanas no publican de manera efectiva cambios regulatorios anticipados o propuestas previstas para su adopción en un plazo específico, lo que puede resultar en una falta de claridad y previsibilidad para las empresas, afectando su capacidad para planificar inversiones a largo plazo y operar de manera eficiente.

Por su parte, la ADIE mostró el martes pasado su preocupación por el manejo del sector eléctrico, destacando que las empresas eléctricas enfrentan pérdidas de energía, falta de un plan de distribución y montos vencidos de lo que adeudan a compañías generadoras.

Refiere que, mensualmente, las empresas distribuidoras y la disuelta CDEEE generan una deuda mensual de 174 millones de dólares, en promedio. Y establece que la estabilidad económica del sistema eléctrico reposa, en gran parte, en la honra de los compromisos de pago de manera oportuna en toda la cadena de valor.

Asimismo, la ADIE señala que, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, las pérdidas en el primer semestre del año corriente promediaron 34%, significando un incremento de 4 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del 2022, que fue de 30%. En el caso de Edeeste, las pérdidas se incrementaron de 42% a 51% en el periodo enero-mayo de 2023.

Estos informes se producen en un contexto de deterioro de servicios públicos esenciales. Un amigo me decía recientemente que obtener hoy un pasaporte constituye una odisea. “La emisión de pasaporte fue un proceso modernizado, y para poseerlo se requería un trámite de poquísimos días, en muchos casos, una solicitud de renovación podía ser procesada en un par de horas, y los mayores retrasos no superaban la semana. Hoy, estas constituyen unas actividades muy complicadas, unas aventuras mayores. La emisión de un pasaporte nuevo, en muchos casos, puede representar un año de espera. La renovación toma unos seis meses, y el llamado “proceso VIP”, que en algunos casos podía realizarse en una hora, hoy, cuando alcanza el mayor estándar de rapidez, bordea un mínimo de cuatro meses”.

Y así, se siente el retroceso en la entrega a la población de servicios esenciales, como el del Metro, donde la percepción del deterioro de la calidad del servicio es evidente, víctima del clientelismo partidario.

Parece que, con el supuesto “Cambio”, la guagua del país va de reversa.