La barra de la defensa de Díaz Rua fue la primera en presentar los alegatos. Uno de sus abogados, Miguel Valerio, solicitó libertad para su cliente. Destacó que éste ha cumplido ya tres meses de prisión preventiva en Najayo, de los nueve impuestos en junio pasado.
De su lado, Tommy Delgado, representante de Ángel Rondón pidió una medida menos gravosa y denunció un trato desigual, inconstitucional y detestable para su cliente.
Pidio acoger en todas sus partes modificar la medida. Pidió para su defendido presentación periódica al mes, garantía económica, impedimento de salida, obligación de someterse al cuidado de dos garantes personales y eximir de costas la solicitud.
El proceso es conocido en la Tercera Sala Penal de la Alta Corte.
Se recuerda que ayer la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, (Pepca) afirmó que la posible puesta en libertad de Díaz Rúa y Rondón sería “altamente cuestionable” de cara a las pruebas recolectadas en su contra sobre los sobornos pagado por Odebrecht en el país.
Laura Guerrero Pelletier reveló que contra esos imputados que guardan prisión preventiva en la cárcel de Najayo, han ido localizando pruebas de mayor gravedad, que ameritan que sean mantenidos presos.
“Seguimos sensibilizando tanto a la justicia como a la ciudadanía, para que nos tengamos atentos en este proceso de Odebrecht, porque realmente contra estas dos personas hay pruebas contundentes y de mayor gravedad que han seguido localizándose dentro de nuestra investigación, que ameritan que continúen en estado de prisión preventiva en que se encuentran”, dijo la titular de la Pepca.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, en su declaración velada Marcos Vasconcelo Cruz, director general para América Central y el Caribe de Odebrecht, dijo que en el proyecto de la autopista del Coral Díaz Rúa no le dejó otra alternativa que contratar a su “abogado personal”, Conrado Pittaluga, para que el proyecto avanzara.
Sin embargo, el objetivo de Víctor Díaz Rúa era la usar a Pittaluga como testaferro para obtener sobornos millonarios. En cuanto a Rondón, determinaron que contrataron sus empresas para la consultoría gracias al acceso que el empresario poseía en las esferas del poder.