Para Sergia Galván derogar la Orden Departamental 33-2019 constituye un retroceso y coloca al Ministerio de Educación de espalda a su propia legalidad, debido a que la educación para la igualdad y equidad de género es un mandato de la Ley General de Educación 66/97, del Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana y de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Apunta que asegurar un sistema educativo basado en la igualdad y la equidad de género, en valores democráticos y en derechos humanos, no es un asunto sujeto a la discrecionalidad de un ministro de Educación, sino parte de una política de Estado.

Señala que en lugar de derogar la orden departamental, el ministro de Educación debería preocuparse por el déficit educativo para la igualdad y la equidad de género que tiene el Estado dominicano, indicador que está afectando la calidad educativa.

“La educación en igualdad y equidad de género es un elemento fundamental para el desarrollo sostenible de un país, para romper las brechas de desigualdad y para lograr una sociedad fundamentada en la justicia social”, expresa Galván, activista por los derechos de la mujer y la igualdad.

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Llamó al ministro de Educación a que reconsidere “su errática decisión y deje sin efecto la derogación de dicha Orden Departamental y a que se centre en el fortalecimiento de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo; en la implementación de la educación sexual integral, científica y de calidad”.

También en el fortalecimiento de medidas para enfrentar el acoso sexual en las escuelas; en la revisión curricular para eliminar sesgos y estereotipos sexista y racista; en la prevención del embarazo en adolescentes y la deserción escolar por razones asociadas al mismo; en la formación y capacitación del personal docente y administrativo en política de igualdad y equidad de género y en la puesta en marcha de los compromisos del Estado en ese sentido.

Igualmente pidió al ministro leer el artículo 2.1 del Pacto para la Reforma Educativa que establece que la educación es un derecho y un bien público de acceso universal y con equidad; orientada a construir ciudadanía plena mediante la formación integral de personas conscientes de sus derechos y sus deberes, respetuosas de los principios y valores constitucionales; entre otros puntos.

También el artículo 2.1.1.7 de la Estrategia Nacional de Desarrollo que ordena revisar periódicamente los currículos de todos los niveles preuniversitarios y asegurar su plena implementación como guía del diario quehacer de las escuelas, con el fin de garantizar su pertinencia con el desarrollo de capacidades para el aprendizaje continuo.