La feminista Sergia Galván declaró ayer que la interrupción del embarazo por las tres causales es un tema exclusivo de Salud Pública y de derechos de las mujeres, por ello, acotó que no es un tema religioso ni moral, sino que tanto el presidente Luis Abinader y el Congreso Nacional están en la obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida, integridad y dignidad de las mujeres.

En ese sentido, Galván saludó la decisión del presidente “de ponerse del lado de la ciudadanía que mayoritariamente ha mostrado apoyo en las tres causales”. Sostuvo que en todas las encuestas hechas en el país el 79% de la población está de acuerdo en salvaguardar la vida de las mujeres y precisó que una gran proporción de personas católicas y evangélicas están a favor de las tres causales.

El pasado sábado Abinader reiteró que está de acuerdo con la aprobación de las tres causales del aborto, lo que generó la reacción inmediata del monseñor Víctor Masalles.
“En el mundo de fe ha causado gran pesar que, justo en los días del nacimiento de nuestro Salvador, un mandatario exprese apoyo a situaciones en las que no nacidos sean eliminados, sabiendo todos que las causales son la antesala al aborto libre”.

En ese orden, Galván expresó que las iglesias han fracasado con relación a su prédica contra el aborto y los métodos anticonceptivos, “porque las mujeres, a pesar de sus mensajes, cuando se ven en la obligación tienen que hacerlo”.

“Las iglesias que sigan predicando en su púlpito y diciendo lo que es pecado, ahora, lo que no pueden las iglesias es violentar los derechos. No pueden poner en la misma balanza los derechos y los pecados”, dijo la feminista.

Aseguró que abortar no es un gusto sino una medida extrema para salvaguardar la salud de la mujer.

De su lado, el Ministerio de la Mujer manifestó que concuerda con el presidente en que la penalización absoluta del aborto es un grave problema social, de salud pública y de violencia contra las mujeres, que afecta sobre todo a las más pobres y las que están situación de alta vulnerabilidad y violencia.

Consideró que el Gobierno debe ofrecer educación en salud integral, el acceso a los jóvenes y adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva, entre otras.