El Senado de la República acaba de sancionar, en primera lectura, el proyecto que pretende declarar parque nacional la Loma de Miranda, una decisión que profundizará la controversia alrededor del conflictivo tema, pues dicha legislación persigue únicamente impedirle a Falconbridge, socio del Estado, la explotación minera en la zona, de la cual dependen económicamente las provincias La Vega y Monseñor Nouel.

Luego de un informe favorable rendido por una comisión especial, la Cámara Alta acogió con modificaciones el proyecto remitido desde los diputados. Aumentó el área de Loma de Miranda de 32 hasta 42 kilómetros “para amortiguamiento” –dice el proyecto aprobado, cuya conversión en ley definitiva espera ahora la promulgación del Presidente Danilo Medina, quien prometió opinar al respecto luego de la actuación congresional y que, probablemente, termine en el Tribunal Constitucional.

Dicha ley afecta directamente la histórica inversión de la empresa canadiense Falconbridge, quien posee una concesión de explotación minera vigente hasta el año 2030, y ha presentado una nueva oferta, pues contravendría severamente el pleno ejercicio y disfrute del derecho fundamental de propiedad que ostenta sobre un terreno de 13.73 kilómetros en Loma de Miranda. En cambio, favorecería a propietarios particulares con el pago de cuantiosas indemnizaciones en virtud de la expropiación.

A juicio del constitucionalista Eduardo Jorge Prats, la ley desconoce el articulo 51.1 de la Carta Magna, según la cual “ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor”. Otras violaciones afectan la seguridad jurídica y la revocación unilateral del contrato que vincula al Estado y Falconbridge.

Creo que la lucha contra la pobreza que preconiza Medina, requiere de proyectos racionales de explotación minera, imprescindibles para el desarrollo.