Detrás de cada peso hay una razón. Por ello, hoy tenemos más de cuatro mil millones de motivos para quejarnos y reclamar. ¿Cómo es posible que, después de hacer una inversión tan alta en la compra de equipos y el montaje de un proceso electoral, la Junta Central Electoral (JCE) no haya hecho todas las pruebas necesarias para evitar que el software pudiera fallar?

Es inconcebible que el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, nos haya asegurado que el voto automatizado estaba blindado, bajo el argumento de había sido “purgado, purificado y auscultado”, cuando en realidad no era así.

Tras leer los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) queda muy claro que la Dirección Nacional de Informática de la JCE no hizo su trabajo pero, además, que su labor no fue supervisada como correspondía.

Ambos informes sostienen que la raíz del problema estuvo en el proceso de personalización de los equipos (no hubo sabotaje ni fraude). La OEA señala que el software estaba mal diseñado y hubo una falta de testing en las diferentes etapas del proceso, así como la ausencia de un protocolo de control de calidad. En resumen: no contaban con herramientas para identificar y remediar los problemas.

¿Por qué ese fallo no se dio en las municipales? Uniore lo explica: la carga de las boletas electrónicas era parte del proceso de clonación de los equipos pero, al personalizarlos, se incluyó una rutina distinta a la usada con éxito en las primarias. Esa rutina no contaba con suficientes pruebas y controles, por lo que el fallo no se detectó en la cadena de producción. Cuando lo detectaron, el sábado 15 de febrero, no había tiempo de revisar las 9,757 máquinas que ya estaba instaladas.

Así las cosas, el Pleno de la JCE decidió ayer la “desvinculación” del cargo al director de Informática, Miguel Ángel García. Al hacerlo, sin asumir responsabilidad en los hechos, olvida la última conclusión del informe de Uniore: aunque la responsabilidad recae en buena medida en la Dirección Nacional de Informática de la JCE, es incorrecto depositar la responsabilidad solo en ellos. Y es que, resalta, la Misión evidenció “la ausencia de puntos de control y mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias de la JCE responsables del proceso electoral”. Es decir, hay más culpables.