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Directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su siglas en inglés) alertaron esta semana, tras una misión conjunta a El Salvador, sobre el agravamiento de las libertades de expresión y de prensa en ese país centroamericano, exacerbadas por el estado de emergencia impuesto por el gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022.
La comitiva se reunió con representantes de medios de comunicación, de asociaciones de periodistas, de la academia y de organizaciones sin fines de lucro con enfoque en los derechos humanos, así como con integrantes del cuerpo diplomático.
La delegación, liderada por el presidente de la SIP, Roberto Rock, director de La Silla Rota, México, y por la coordinadora del programa de América Latina del CPJ, Cristina Zahar, mantuvo además un encuentro con el Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, principal responsable gubernamental del área en cuestión.
Entre las principales comprobaciones de la misión se destacan:
El gobierno salvadoreño restringe severamente el acceso a la información pública y ha debilitado el instituto gubernamental encargado de garantizar ese derecho ciudadano. De tal modo, se ve limitada la transparencia sobre temas críticos como la situación en las cárceles y las estadísticas de criminalidad en el contexto del estado de excepción. Periodistas y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en resaltar una «enorme opacidad, ocultamiento de información y ausencia total de acceso a fuentes oficiales».
Periodistas denuncian una creciente estigmatización, acoso y amenazas por parte de militantes gubernamentales y figuras del Gobierno, incluyendo el propio presidente Bukele, altos funcionarios y diputados oficialistas. Las y los reporteros entrevistados describieron una retórica hostil contra la prensa e intentos constantes de minar la credibilidad del periodismo a través de campañas de descrédito.
Desde la implementación del estado de emergencia, se limitan garantías constitucionales fundamentales, incluyendo la confidencialidad de la correspondencia privada, y se habilitan detenciones sin orden judicial, lo que crea un clima de intimidación y autocensura entre quienes ejercen el periodismo.
Representantes de medios reconocen que algunos colegas decidieron abandonar la profesión por temor a represalias, mientras que se ha informado sobre más de una docena de periodistas que en los dos últimos años fueron forzados a abandonar el país de manera temporal o permanente debido a la persecución gubernamental.
El software espía Pegasus ha sido utilizado contra críticos del gobierno, lo que afectó la privacidad y seguridad de 35 periodistas, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil entre julio de 2020 y noviembre de 2021. Medios como El Faro, GatoEncerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario El Mundo y El Diario de Hoy han sido identificados como objetivos de esta vigilancia ilegal.
El uso de tácticas de intimidación, lo que incluye auditorías financieras y manipulación de la publicidad oficial, es una estrategia recurrente para silenciar a los medios críticos. La asignación de publicidad gubernamental se destina mayoritariamente a medios afines al Gobierno, mientras que se retira o reduce significativamente la de aquellos que son críticos.
·Informes adicionales señalan la existencia de un «ejército digital» de contratistas tecnológicos y troles para difundir desinformación, hostigar a críticos y amplificar la propaganda oficial.
Al ser consultado por los representantes de la SIP y el CPJ, el comisionado presidencial negó que exista persecución contra la prensa y aludió a la inexistencia de casos de periodistas encarcelados o asesinados, como datos de referencia para evaluar la situación de la libertad de prensa en el país bajo la perspectiva oficial.
Ante la consulta de la SIP y el CPJ sobre si el gobierno de El Salvador cursará invitación al relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tal como lo recomendó este órgano de la Organización de los Estados Americanos, Guzmán dijo que el Gobierno «está trabajando en ese sentido.»
Guzmán rechazó las estadísticas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que reflejan una fuerte escalada de agresiones contra la prensa en el último año, alegando que no comparte la metodología. También se refirió de manera crítica a un informe reciente de la CIDH sobre el estado de excepción, explicando que su metología «no es clara».
Además de Rock y Zahar, integraron la misión, por parte de la SIP, el expresidente Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Estados Unidos; la presidenta del Comité Ejecutivo, Gabriela Vivanco, directora de La Hora, Ecuador, y el director ejecutivo Carlos Lauría, y por el CPJ, la investigadora para América Latina, Dánae Vilchez.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
El CPJ es una organización independiente, sin fines lucrativos, que trabaja para salvaguardar la libertad de prensa alrededor del mundo.
