Janel Ramírez Sánchez dijo tantas cosas sobre lo que ocurre en la Cámara de Cuentas, lo que ha puesto la permanencia de los miembros de su Pleno en manos de una comisión de la Cámara de Diputados que estudia una salida a la crisis que mantiene al órgano de control en la picota pública, que a nadie ha sorprendido que el Congreso Nacional decidiera actuar para impedir su descalabro total y que la corrupción y la impunidad, que siempre andan juntas, celebren otra victoria, bien sea desde una calurosa celda en Najayo o una acogedora prisión domiciliaria en alguna torre esbelta y lujosa del Polígono Central.

Mario Arturo Fernández Burgos, miembro del Pleno, acaba de aportar otra mirada del problema, probablemente más lúcida y equilibrada que la del “preso de confianza” en que se convirtió su presidente, pues parece tener mucho más claro el trasfondo de la trama en la que se encuentran atrapados, y lo que se persigue: debilitar la lucha contra la corrupción que se libra desde el Ministerio Público independiente que dirige Miriam Germán, destruyendo desde dentro la credibilidad del órgano de control y, por vía de consecuencia, también de las auditorías que realiza o que ya realizó, sobre todo aquellas con vocación de ir a parar a los tribunales de justicia.

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Resulta alentador el llamado a sus compañeros a tomar en cuenta la esperanza que al ser nombrados generaron en la población para ponerse a trabajar, todos juntos, por una correcta gestión que deje atrás desencuentros y desavenencias, pero lo cierto es que sus declaraciones le han echado más leña al fuego. Un fuego que podría adquirir las dimensiones de un peligroso incendio si las demás integrantes del Pleno deciden dar su versión de los hechos.

Es evidente, puestas así las cosas, que el cuento no ha terminado de ser contado. Y después de todo lo que hemos visto y escuchado de sus protagonistas, me atrevo a decir que es muy poco probable que tenga un final feliz.